miércoles, 22 de julio de 2020

España: una sofocante ausencia de debate sobre el estado de alarma

Mark Nayler

Vivo en el sur de España, en un pequeño pueblo cerca de Málaga. Pasé allí un tiempo encerrado con mi novia. Un sábado por la tarde, después de un par de semanas de cuarentena, nos dimos cuenta de que necesitábamos algunas compras, incluyendo una o dos botellas de vino. Pero poco después de salir para el único supermercado abierto, mi novia fue detenida por un policía local, que le preguntó a dónde iba y para qué. Cuando ella se tambaleó bajo su interrogatorio sin sentido del humor y dijo que iba a comprar vino (sin mencionar los otros artículos), se le dijo que volviera a casa inmediatamente.

Era un pequeño pero revelador ejemplo de cómo la decencia común había abandonado a un funcionario normalmente amable, lo que revela los desconcertantes matices del confinamiento. ¿Quién iba a decir qué era “esencial” y por qué? Si no estaba permitido visitar una tienda sólo si se compraban artículos considerados “no esenciales” por el gobierno, ¿revisaría la policía la bolsa de la compra? Desde el principio del confinamiento, el gobierno español clasificó a los estancos como servicios “esenciales”, así que si no hubiera sido el sábado por la tarde, cuando la mayoría de las tiendas en España cierran, mi novia habría podido ir y comprar un paquete de cigarrillos sin ninguna preocupación.

Todos los que han vivido en España los dos meses de confinamiento a principios de este año tendrán historias similares que contar, historias de encuentros con funcionarios de policía que ejercen absurdos nuevos poderes, que van desde el derecho a hurgar en las bolsas de la compra hasta determinar, al milímetro, la distancia a la que deben alejarse los que pasean los perros de sus casas. Mi novia tuvo suerte de evitar una multa o incluso un arresto por su intento de hacer un viaje de compras “no esencial”.

Antes de llegar al poder en junio de 2018 el gobierno socialista de Pedro Sánchez había prometido revocar una polémica ley introducida en 2015 por los conservadores. La Ley de Seguridad Ciudadana, a menudo llamada informalmente “Ley Mordaza”, impone multas por acciones como protestar frente al parlamento en Madrid y fotografiar a los funcionarios de policía, y fue criticada por la izquierda española por obstaculizar la libertad de expresión. Pero ahora el partido de Sánchez parece haber superado cualquier duda que pudiera tener sobre el uso de esta legislación. El confinamiento se ha impuesto en gran parte bajo esta misma ley. Durante los primeros 75 días de confinamiento, hubo casi 1.1 millones de multas por infracciones a las órdenes de permanecer en casa.

No fueron sólo las órdenes de confinamiento y la policía siempre presente lo que hizo que la cuarentena en España fuera tan opresiva. También hubo una sofocante ausencia de debate sobre las inconsistencias internas del confinamiento (a menudo arriesgadas), sus méritos y defectos generales y su supuesta necesidad, tanto en el congreso como en los medios de comunicación. Con todo el tiempo del mundo para pensar, era natural preguntarse sobre el fundamento del confinamiento y hacerse preguntas que no interesaban a los políticos del país. ¿Había quizás buenos argumentos para variar las medidas de confinamiento en función de lo afectada o densamente poblada que estuviera una región determinada? Y en caso contrario, si la mejor solución era la cuarentena indiscriminada dentro de las provincias, ¿por qué?

Del mismo modo, ¿tenía sentido imponer un confinamiento tan estricto a todos los grupos de edad?, ¿cuáles eran las consecuencias probables del cierre de todo, desde la frágil economía española hasta la salud física y mental de las personas?, ¿había otras medidas efectivas que causaran menos perjuicios a su paso?, ¿era necesario que la policía y la Guardia Civil salieran a las calles en tal cantidad?, ¿estaban, de hecho, intimidando a la gente más de lo que estaban ayudando o protegiendo?

Salvo las dos últimas (a las que se responde con un simple “no” y “sí” respectivamente), se trata de preguntas complejas y matizadas, que se ven aún más agravadas por las circunstancias sin precedentes que rodearon a la pandemia. Pero a lo largo de marzo y abril, hubo una notable ausencia de una discusión continua y ecuánime sobre estos temas en España. De hecho, la respuesta estándar, incluso a un atisbo de escepticismo sobre el confinamiento se convirtió rápidamente en: “Bueno, ¿qué más propone?” Las acusaciones de insensibilidad o indiferencia a la seguridad pública a veces siguieron o al menos fueron implícitas.

Este ambiente tenso y ligeramente siniestro no se debía sólo a la postura autoritaria del gobierno socialista. La oposición, representada sobre todo por el Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, y la derecha Vox, se contentó con lanzar insultos a Sánchez y a su adjunto, Pablo Iglesias (dirigente del socio de coalición menor del gobierno, el izquierdista Podemos), en lugar de hacer una crítica inteligente de las medidas de confinamiento. Y aunque era refrescante escuchar al menos algún disenso de la línea oficial del Estado en el Congreso, la retórica sobreexcitada de Vox estigmatizó aún más el escepticismo del confinamiento: la crítica a la postura del gobierno se asoció exclusivamente con (o al menos se presentó como el único recurso de) la extrema derecha. Destacó por su ausencia vocal durante estas sesiones polarizadas el partido centrista Ciudadanos, que podría haber proporcionado un muy necesario tercer enfoque, a saber, controlar los posibles abusos de poder del gobierno, pero sin recurrir a la odiosa pirotecnia de Vox y el PP.

Sánchez ha apelado recientemente al “patriotismo” de sus enemigos en un intento de hacer que dejen sus diferencias ideológicas y se centren en la recuperación post-Covid. Es una elección de frase reveladora, ya que implica que criticar su manejo del virus, o su propuesta de manejar sus efectos económicos, constituye un amor insuficiente por su país. Pero debemos acoger con satisfacción el hecho de que los partidos españoles no han formado un frente unido en estos asuntos: el resultado sería una fuerza monótona y multipartidaria aún menos tolerante con la disidencia y el cuestionamiento legítimo que la que está actualmente en el poder. Ningún gobierno debería estar libre de críticas, ni siquiera -o quizás especialmente- en tiempos de crisis. Y nadie debería ser multado por ir a la tienda, ni siquiera durante una pandemia.

https://www.spiked-online.com/2020/07/21/spain-has-turned-into-a-one-party-state/

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