jueves, 30 de abril de 2020

Un ejemplo viviente del nacionalismo militar argentino y su supervivencia

Enrique Mosconi
Darío Herchhoren

En la República Argentina siempre fue una reivindicación de la enorme mayoría de sus ciudadanos la nacionalización del subsuelo argentino, y la explotación de ese subsuelo a cargo del estado. Ya en el último cuarto del siglo XIX el estado argentino encarga al jurista e ingeniero Enrique Rodríguez la redacción de un código de minería, que es aprobado por el Congreso Nacional en 1880, y junto con ello se dispone la creación de tribunales de minería, a cargo de jueces especializados.

Ya en esas fechas existía la sospecha de que el subsuelo de la provincia de Chubut en la lejana Patagonia, albergaba bolsas de petróleo, y en 1906 esas sospechas se ven confirmadas por el descubrimiento casual que efectúa un ingeniero alemán radicado en Argentina, que buscando aguas dulces para consumo humano descubre petróleo. Ese ingeniero era José Fuchs.

Pero la labor de descubrimiento y posterior explotación, y comercialización del petróleo argentino se debe al General e Ingeniero Civil Enrique Mosconi, que muy influido por el ingeniero de minas y geólogo Enrique Martín Hermitte, francés naturalizado argentino, comienza una labor de exploración serio y científico..

Pero ¿Quién era Enrique Mosconi?

Mosconi fué un distinguido militar que fué enviado en los primeros años del siglo XX, a estudiar los sistemas ferroviarios, la fabricación de locomotoras, y en general la gestión de ferrocarriles en Alemania, Francia, Bélgica y el imperio austrohúngaro, ya que era intención del estado argentino tender una linea ferroviaria que conectase la ciudad de Buenos Aires con la Patagonia, especialmente con la ciudad de Comodoro Rivadavia en la lejana provincia de Chubut.

Ya para entonces la incipiente industria petrolera argentina estaba a cargo de dos empresas nefastas en la historia de sudamérica, que eran la inglesa Royal Dutch, y la norteamericana Standard Oil, cuyo propietario era John Rockefeler, personaje de siniestra memoria.

Durante los primeros años de la década de 1920, era presidente de Argentina Marcelo Torcuato de Alvear, un oligarca perteneciente al ala más reaccionaria del partido radical, y defensor de los intereses británicos en el Río de la Plata, y siendo Mosconi una de las figuras militares más respetadas y gracias a su influencia personal sobre Alvear, este último accede a crear una empresa estatal de petróleo, cuyo primer director sería el General Enrique Mosconi.

Mosconi viaja por todo el sur de América difundiendo sus ideas en el sentido de que el estado debe hacerse cargo del subsuelo, y especialmente del petróleo, avizorando ya la importancia estratégica que iba a tener su exploración y explotación en el desenvolvimiento del poder efectivo que las naciones de sudamérica tendrían sobre sus materias primas, y por primera vez se utiliza la expresión "soberanía energética", en alusión a la explotación y propiedad del petroĺeo.

A Alvear le sucede Hipólito Yrigoyen, del partido radical, pero totalmente opuesto a Alvear, y dirigente muy popular entre las clases más pobres del país, y a la vista de los estudios que Mosconi, ordena por fin la nacionalización del petróleo, y la salida del país de las empresas Royal Dutch y Standard Oil en el año 1929, un año antes del golpe fascista del General Uriburu, que inaugura la que se llamó década infame que dura hasta el año 1943, y es la puesta de largo de los golpes militares en Argentina que se suceden posteriormente en 1943, l955, 1966, 1976 hasta la actualidad.

Mosconi es invitado por el General Uriburu a formar parte de su gobierno, pero este declina la invitación, y poco tiempo después es separado del cargo de presidente de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

La influencia de Mosconi en el pensamiento militar nacionalista en sudamérica es enorme. En 1929, recibe la visita de Edmundo Castillo, ministro de industria  de la República Oriental del Uruguay, que siguiendo sus pasos crea en esa nación la ANCAP, (Administración Nacional de Combustibles Alcoholes  y Portland) que es el monopolio estatal uruguayo todavía existente, y en Brasil se crea en 1938 el Consejo Nacional del Petróleo, antecesor de Petrobras, la empresa estatal de petróleo brasileña. Lo mismo ocurre en Colombia y poco tiempo después en Venezuela se crea la empresa estatal PEDEVESA.

Pero en el año 1992, el nefasto gobierno de Carlos Menem en Argentina privatiza YPF, y se hace cargo de la misma la española Repsol, y es recién en 2012, en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionaliza el 51% de las acciones de YPF, volviendo nuevamente al control de los argentinos.

En este momento, hay una agrupación patriótica llamada La Baldrich, en homenaje al Teniente Coronel Amadeo de Baldrich, que fué uno de los militares que intentan un golpe militar de izquierda en Argentina contra el General Alejandro Lanusse, y que reclama la nacionalización del 100 por cien de la empresa YPF. La influencia de Mosconi llegó a Méjico, donde el General Lázaro Cárdenas nacionaliza ese hidrocarburo y crea la empresa estatal PEMEX (Petróleos de Mejico).

Mosconi es considerado una de los mayores patriotas argentinos que inaugura una nueva política de control y propiedad del petróleo, bajo su divisa "el petroĺeo para las patrias donde yace".

Primero de Mayo 2020: Ahora más que nunca, luchemos por unas verdaderas libertades políticas y sindicales

Encaramos este Primero de Mayo en medio de la pandemia de la Covid-19 y bajo el decreto de estado de alarma impuesto por el Gobierno PSOE-Unidas Podemos. A la carencia de derechos y libertades democráticas en el Estado español, se le ha sumado la pérdida de la libertad de movimiento y una fuerte militarización del espacio público, aprovechando como pretexto la crisis sanitaria. El incremento del control social, la brutalidad policial y la ofensiva mediática para legitimar las medidas anticipan un escenario fuertemente represivo en previsión de futuras luchas y protestas.

La emergencia por la expansión del virus ha estado especialmente grave en el Estado español, debido fundamentalmente a los sucesivos recortes en sanidad durante los últimos años por parte de las administraciones burguesas (estatales y autonómicas) y por no haber dispuesto de los recursos de la sanidad privada, a pesar de que el Gobierno "progresista" mediante el decreto de estado de alarma tenía esta posibilidad.

Las condiciones de vida de la clase obrera han empeorado muchísimo. Los ritmos de trabajo y la explotación van en aumento. Los ERTE's, los ERE's y la carencia de protección y medidas de higiene por quien todavía conservan el trabajo son parte del día a día.

A raíz de la pandemia se están implementando fuertes cambios en la esfera económica, marcados por la destrucción de buena parte de sectores productivos y la sustitución por otros en una nueva fase de acumulación de capital y de reestructuración financiera. Todo ello comportará generalizar la miseria y multiplicar la explotación sobre la clase obrera.

El Régimen del 39 tratará de coger oxígeno con una reedición de los Pactos de la Moncloa, pidiendo la colaboración de los diferentes partidos y garantizando así su mantenimiento, es decir, el mantenimiento de la propiedad privada, la unidad indivisible del Estado de los monopolios y la continuidad del monarco-fascismo.

Es urgente organizar la respuesta a la dura realidad que sufrimos. Luchar por nuestros derechos y libertades y recuperar las calles, pues la crisis sanitaria no tendría que comportar la pérdida de la movilización ni la virtualización del derecho a protesta.

¡La organización al margen del Régimen es el único camino!
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Amnistía Total!

Moviment Pro Amnistía, 30 de abril

La prolongada guerra de Putin contra la ciencia estadounidense

Un artículo del New York Times pone a prueba sus tragaderas: “Putin ha desempeñado un papel primordial en la difusión de información falsa [sobre el coronavirus] como parte de su esfuerzo más amplio por desacreditar a Occidente y destruir a sus enemigos desde dentro”, dice el periódico, prototipo de medio serio y riguroso, tanto que nadie le pregunta por sus fuentes. ¿Cuáles son? “Los analistas”, dice. ¿Quiénes son esos “analistas”? No hay respuesta... Al New York Times nadie le pregunta esas cosas, que resultan insultantes.

Así empieza la basura, que sigue por derroteros conocidos: los “principales científicos” dicen que el “nuevo virus” es natural, pero desde Rusia dicen todo lo contrario: que es “un arma”, porque en Rusia no hay “científicos principales” sino de segunda división. ¿O quizá porque hay dos ciencias?, ¿o no hay científicos en Rusia

A partir de ahí empiezan las “granjas rusas de intoxicación en las redes sociales” a difundir bulos sobre “el arma de gérmenes” porque, a pesar de que los diputados estadounidenses se han centrado en la injerencia electoral, existe otro tipo de injerencia rusa: la seudocientífica, que no es nueva: “durante más de una década Putin ha estado difundiendo información errónea sobre cuestiones de salud personal”, asegura el New York Times.

¡Vaya! A Putin le preocupa la salud personal del mundo, posiblemente porque pretende que todos caigamos enfermos de catarros, resfriados y gripes. Por eso Putin es uno de esos repugnantes antivacunas que “trata de socavar la fe en la seguridad de las vacunas”. Si, señores, todo es cuestión de “fe” y, naturalmente, de la perversa política de Putin que mientras en su propio país promueve la vacunación, en los demás “socava la fe”. ¡Qué sinvergüenza el tal Putin!, ¡quiere enfermar a todos los habitantes del mundo que no sean rusos!

Pero el inquilino del Kremlin es astuto y malicioso. Aunque en público no ha dicho nada de eso, en su “larga campaña” manipula “medios de comunicación abiertos, trolls secretos y blogs sombríos”.

¿Cuáles? No lo sabemos.

Como ven, el New York Times se ha vuelto abiertamente conspiranoico, aunque nadie dirá eso porque son los demás los que conspiran, son los demás los que difunden bulos, cualquier cosa con tal de “erosionar la influencia de Washington”.

Ahí tienen la diferencia entre un conspiranoico del tipo Wayne Madsen y otro que no lo es. Este último se caracteriza por dar lustre a Washington, seguir sus consignas y lamerle el culo a quien sujete la sartén por el mango, en Wall Street, en la OMS, en Berlín, en el Banco Mundial, en Glaxo Smith Kline o en donde sea.

Lo de los conspiranoicos y anticonspiranoicos es un invento de basureros como el New York Times. En el mundo de la información no hay más que lameculos e independientes.

https://www.nytimes.com/2020/04/13/science/putin-russia-disinformation-health-coronavirus.html

Los expertos que asesoran al gobierno francés sobre la pandemia cobran de la industria farmacéutica

Durante la campaña presidencial de 2017, Macron iba de la mano de Jean Jacques Mourad, un cardiólogo que se manifestó a favor del reembolso de los medicamentos para la presión arterial, que son una especialidad del monopolio farmacéutico Servier.

Si el precio de un medicamento se devuelve o no, es una decisión de política económica, no médica. No es más que ejemplo de que ciertos expertos meten sus pies en charcos que no les corresponden. Lo hacen por dos motivos. El primero es que, como expertos, respaldan determinadas decisiones con un aura científica y “apolítica”. El segundo es que sus consejos no tienen nada que ver con la ciencia sino que están pagados por sus amos de la industria.

En el caso del cardiólogo, estaba al servicio de la propia multinacional Servier, una empresa especializada en vender medicamentos contra la presión arterial precisamente. En tres años y medio Mourad había cobrado unos 80.000 euros de ella.

Ahí se acabó su carrera política, aunque los expertos, lo mismo que los políticos, no son más que piezas de quita y pon. Murad desapareció y ahora quienes asesoran a Macron en la pandemia son otros clones equivalentes, según acaba de denunciar un documentado reportaje de la revista Marianne: en los últimos cinco años los clones han cobrado 450.000 euros de las empresas farmacéuticas (*).

Hay quien cree que las decisiones sobre la pandemia las toma Macron, hay quien cree que las toman los expertos y, finalmente, estamos quienes pensamos que las toma el capital monopolista.

Los expertos no sólo cobran en dinero sino que viven de manera ostentosa gracias a sus amos: chalets, viajes, hoteles, comidas, cenas, transporte, dietas, honorarios... No les falta de nada.

Macron ha creado dos equipos de expertos para asesorarle en la pandemia. Pues bien, en cinco años dichos expertos han cobrado casi medio millón de euros de las multinacionales farmacéuticas. Una de las más generosas, MSD, trabaja para fabricar una vacuna contra el coronavirus. Otra, Roche, trabaja en los tests de detección rápida. Pero no falta ninguna: Johnson & Johnson (22.487 euros), Sanofi (18.551 euros), Abbvie (14.706 euros), GSK (15.412 euros), Gilead (9.096 euros)...

Hay quien no se corta un pelo. La microbióloga Marie Paule Kieny colgó su bata blanca y ahora dedica su tiempo al consejo de administración de BioMérieux, un laboratorio que compite en fabricar una prueba rápida para el coronavirus.

La corrupción no está sólo en las alturas. En 2018 las empresas farmacéuticas pagaron unos 1.360 millones de euros a médicos y otros profesionales franceses de la salud, un sobresueldo (no lo llamaremos soborno) cuyo único fin es aumentar las ventas de fármacos.

Un estudio académico publicado en el British Medical Journal en noviembre del año pasado demostró que en Francia los médicos vinculados a las empresas farmacéuticas prescriben más fármacos que los otros.

Luego los hipócritas se echan las manos a la cabeza, pero en Francia aún colea el escándalo del Mediator, un fármaco distribuido por Servier durante 37 años que ha causado numerosas patologías... a pesar de que tenía todas las bendiciones de la burocracia sanitaria, debiendo aclarar que dicha burocracia trabajaba para Servier. Ya saben lo que ocurre en estos casos: una vez que los muertos están en el hoyo, cambiaron la ley, impusieron controles más estrictos, exigieron garantías de transparencia... Cualquier cosa excepto lo más elemental: sacar a las multinacionales de la sanidad e imponer una nueva política de salud pública.

(*) https://www.marianne.net/societe/118000-euros-de-msd-116000-euros-de-roche-faut-il-s-inquieter-des-liens-entre-labos-et

Hacia un mensaje uniforme: YouTube elimina los vídeos que critican a la corrupta OMS

Los doctores Dan Erickson y Artin Massihi
Ayer difundimos en nuestros canales de Twitter y Telegram el vídeo de una rueda de prensa de los doctores Dan Erickson y Artin Massihi dando una opinión crítica sobre el coronavirus en California.

Advertimos que convenía descargarlo antes de que desapareciera de YouTube, lo que ocurrió a las pocas horas (*).

En marzo la directora general de YouTube, Susan Wojcicki, ya había amenazado con ello: van a eliminar todos los contenidos que contradigan las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el coronavirus.

Sin embargo, una semana después cambió la decisión porque los usuarios se le echaron encima.

El domingo Wojcicki dijo ante las cámaras de la CNN que YouTube “eliminaría la información problemática”, incluyendo “cualquier cosa sin fundamento médico”. Por ejemplo, lo que los médicos californianos dijeron en su rueda de prensa no tenía fundamento médico para los inquisidores de YouTube.

“Cualquier cosa contraria a las recomendaciones de la OMS sería una violación de nuestra política y sería eliminada”, añadió Wojcicki.

Obviamente, las recomendaciones de la OMS no son más que un pretexto. Un ejemplo: la OMS aconseja que los trabajadores de la salud se pongan las mascarillas, pero no las personas sanas. Sin embargo, hay muchos videos en YouTube que aconsejan a la gente a fabricar y usar sus propias máscarillas.

Wojcicki reconoció que YouTube ha actualizado su política censora con el pretexto del virus. La única fuente de información es una organización corrupta como la OMS y todos los demás son negacionistas, seudocientíficos, antivacunas, magufos y conspiranoicos.

Están empeñados en fabricar una sociedad a su imagen y semejanza: llena de descerebrados que aplauden las modernas formas de Inquisición, o se callan. Hay que tener la cara muy dura para pretender, a estas alturas de la historia, que la censura tiene algo que ver con la ciencia.

A quienes no les guste la censura pueden ver el vídeo en el siguiente enlace: https://153news.net/watch_video.php?v=WGB34K4YKN4B
 
(*) https://www.youtube.com/watch?v=_N8OfvuBRX0


Más información:
- A partir de ahora sólo va a circular un único mensaje: censuran un vídeo sobre la corrupción de la OMS
- Las grandes multinacionales dictan la política sanitaria mundial a la OMS
- El término ‘pandemia’ fue sinónimo de corrupción hasta hace muy poco tiempo
- La OMS y la UNICEF siguen esterilizando a las mujeres del Tercer Mundo
- Los capitalistas utilizan la ciencia como instrumento de presión

2.000 mercenarios sirios apoyados por Turquía huyen de Libia hacia Europa

Cerca de 2.000 mercenarios sirios apoyados por Turquía y transportados a Libia en los últimos cinco meses han huido del país norteafricano a Europa, informó ayer el Observatorio de Derechos Humanos de Siria (ODHS).

“Algunos de los 2.000 combatientes sirios que fueron transportados a Libia para luchar con el Gobierno del Acuerdo Nacional (GAN) respaldado por las Naciones Unidas contra su rival Khalifa Haftar han huido en realidad a Europa, según el Ejército Nacional Libio (LNA) de Haftar”, dijo el Observatorio (1).

La OSDH informó por primera vez en febrero que mercenarios sirios habían huido de Libia hacia Italia, y desde entonces han aparecido varios informes que hacen afirmaciones similares.

El lunes la periodista Lindsey Snell del Investigative Journal entrevistó a un combatiente de Ahrar Al-Sharqiyah que recientemente regresó a Siria después de luchar en Libia durante unos meses (2).

En la entrevista, el combatiente, que fue identificado como Zein Ahmed, dice que Turquía había prometido la ciudadanía a los mercenarios si luchaban en Libia durante seis meses; sin embargo, esto resultó ser falso.

“Primero nos dijeron que si nos quedábamos y luchábamos durante seis meses obtendríamos la ciudadanía turca”, dijo. “Era mentira. Nos dijeron que si moríamos luchando en Libia, nuestras familias obtendrían la ciudadanía turca. Ahora que tantos sirios han muerto en Libia, sabemos que eso también es una mentira”.

Ahmed se refirió a un caso en el que un miembro de Ahrar Al-Sharqiyah fue asesinado en febrero; su familia recibió 8.000 dólares en concepto de indemnización, pero la familia del combatiente fallecido no obtuvo la ciudadanía.

Turquía envió el primer lote de mercenarios sirios a Libia en diciembre, y desde entonces miles más han sido transportados al país norteafricano para ayudar a las fuerzas del Gobierno del Acuerdo Nacional (GAN) con sede en Trípoli.

(1) http://www.syriahr.com/en/?p=162116&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=syrian-fighters-transported-to-libya-try-to-flee-to-italy-middle-east-monitor
(2) https://investigativejournal.org/turkey-lied-to-us-syrian-mercenaries-in-libya-are-desperate-to-leave/

miércoles, 29 de abril de 2020

‘Es terrible’: más científicos confirman que las pruebas de coronavirus no son nada fiables

Algunas pruebas de anticuerpos, que verifican la infección previa por coronavirus, tuvieron altas tasas de falsos positivos en las evaluaciones realizadas por un consorcio de laboratorios de California.

Un falso positivo significa que a alguien se le diría que ya ha tenido coronavirus cuando no lo tenía, un peligro potencial ya que las personas podrían pensar que son inmunes al virus cuando en realidad aún son vulnerables.

De las 12 pruebas de anticuerpos que fueron estudiadas por el Proyecto de Prueba Covid-19, una de las pruebas dio falsos positivos más del 15 por ciento de las ocasiones, o en aproximadamente una de cada siete muestras. Otras tres pruebas dieron falsos positivos más del 10 por ciento de las ocasiones.

“Eso es terrible. Eso es realmente terrible”, dijo la doctora Caryn Bern, una de las autoras del estudio que analizó las 12 pruebas. Si bien no es realista pensar que todas las pruebas serán 100 por ciento precisas todo el tiempo, dice Bern, sus tasas de falsos positivos deberían ser del 5 por ciento o inferiores, o idealmente del 2 por ciento o inferiores.

“Esta fue una verdadera llamada de atención para mí. No estamos en el punto en que cualquiera de estas pruebas pueda usarse de manera fiable”, agregó el coautor del estudio, el doctor Alexander Marson. “Existe un gran peligro en confiar en ellos, pero esperamos llegar pronto a un punto en el que podamos confiar en estas pruebas”.

El Proyecto de Pruebas Covid-19 es un consorcio de investigadores y médicos de la Universidad de California en San Francisco, la Universidad de California Berkeley, el Chan Zuckerberg Biohub y el Innovative Genomics Institute.

Bern dijo que una de las razones de las altas tasas de falsos positivos son los requisitos relajados de la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos). A mediados de marzo, cuando se hizo evidente que covid-19 estaba comenzando a descontrolarse, la FDA aflojó sus estándares de aprobación para poder sacar más pruebas de anticuerpos en el mercado rápidamente.

La institución comenzó a permitir que las empresas vendieran pruebas sin primero proporcionar evidencia de que funcionaban. Unos 175 desarrolladores de pruebas han aprovechado estas nuevas reglas y pueden comercializar legalmente sus pruebas de anticuerpos sin que la FDA evalúe primero sus datos de validación. “Creo que estamos pagando por esto ahora”, dijo Bern, profesor de epidemiología y bioestadística en la Facultad de Medicina de la UCSF.

Después de que una importante asociación de laboratorios se quejara de que las pruebas “malas” estaban inundando el mercado, el comisionado de la FDA, el doctor Stephen Hahn, emitió una declaración el 18 de abril diciendo que la FDA colaboraría con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Salud para evaluar las pruebas de anticuerpos.

“Nos hemos movido rápida y cuidadosamente, y continuamos aprendiendo y adaptándonos según la experiencia del mundo real y los datos que estamos viendo”, escribió Hahn en el comunicado.

Los funcionarios federales han dicho que tener buenas pruebas de anticuerpos es fundamental para volver a la normalidad, ya que podrían ayudar a evaluar quién tiene inmunidad en Estados Unidos.

Es por eso que los falsos positivos son tan peligrosos, dijo Marson, profesor de microbiología e inmunología en la Facultad de Medicina de la UCSF.

“Los falsos positivos nublarán fuertemente nuestra imagen de quién ha sido infectado y quién no”, dijo. “Necesitamos claridad sobre esta información básica para comenzar a guiar nuestro camino fuera de la pandemia”.

Si los desarrolladores de pruebas lo desean, pueden ir más allá de los requisitos mínimos de la FDA y hacer que la agencia federal revise sus datos que muestran que las pruebas funcionan. Si la FDA da luz verde, la empresa recibe una autorización de uso de emergencia.

De las 12 pruebas en la revisión de California, solo una empresa tiene este sello de aprobación de la FDA. Esa es una prueba del Laboratorio Mount Sinaí en la ciudad de Nueva York, que el grupo de California modificó para usar en su propio laboratorio. Esa prueba solo obtuvo un falso positivo de 108 muestras de sangre.

Los investigadores de California usaron muestras de sangre antes de julio de 2018, para asegurarse de que estuvieran libres de covid. Cada prueba procesó entre 99 y 108 muestras. Otra prueba tuvo un mejor desempeño que la de Mount Sinaí en las muestras negativas, sin resultados falsos positivos. De las otras 10 pruebas, seis tenían tasas de precisión de alrededor del 95 por ciento o más para las muestras negativas y cuatro tenían tasas entre 84 por ciento y 95 por ciento.

Estos resultados se basan en la búsqueda de dos tipos de anticuerpos. Uno aparece poco después de la infección y el otro aparece más tarde.

Los investigadores también verificaron si las pruebas detectaron con precisión muestras positivas, pero tienen menos confianza en esos resultados, porque hay una variación en el tiempo que lleva a las personas montar una respuesta de anticuerpos detectable.

Los investigadores de California obtuvieron la mayor cantidad de pruebas posibles, pero hasta ahora no han podido evaluar las pruebas de anticuerpos de grandes fabricantes de pruebas como Roche y Abbott, porque requieren instrumentos patentados para ejecutar las pruebas.

Esperan continuar analizando más pruebas de anticuerpos para ver si funcionan, pero advirtieron que incluso si una prueba fiable muestra que tienes anticuerpos, los médicos aún no saben lo que eso significa. Tener anticuerpos podría indicar que eres inmune y no te infectarás por segunda vez o podría indicar que no tienes inmunidad en absoluto. También podría significar algo intermedio, por ejemplo, que tienes una inmunidad limitada durante un período de unos pocos meses.

“Tenemos esta enorme brecha de conocimiento”, dijo Bern. “Ese es el mensaje más importante”.

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/29/investigador-dice-que-las-pruebas-de-anticuerpos-contra-coronavirus-tienen-una-precision-realmente-terrible/

Más información:
- Para paliar los errores de los tests, Estados Unidos quiere duplicar las pruebas de detección
- La OMS reconoce, por fín, que los tests dan falsos negativos y también falsos positivos

- ‘Es terrible’: más científicos confirman que las pruebas de coronavirus no son nada fiables 
 - El fraude del virus del Zika 
- Durante décadas el coronavirus se ha propagado entre los seres humanos y nadie cayó enfermo nunca

El nacionalismo militar peruano y un nuevo fracaso del bloque popular

Darío Herchhoren

En la década de 1960, y exactamente en 1968, el nacionalismo militar peruano, tuvo una ocasión de oro para llevar sus planes de liberar a Perú de las multinacionales norteamericanas, y quebrarles el espinazo de forma definitiva dando inicio a una etapa fascinante de la historia reciente peruana.

En ese año asumió la presidencia peruana un representante de la vieja oligarquía  como era  Fernando Belaunde Therry, y nombró como comandante del ejército a quien sería su enterrador político, y que daría inicio a una etapa gloriosa de la historia de Perú que cambiaría por completo el perfil del país, abriendo las puertas a un proceso de cambios que terminó frustrado en parte por la situación personal del General Juan Velasco Alvarado, y en parte por la traición de su sucesor el General Morales Bermúdez.

Al llegar al gobierno de Perú, Belaunde Therry nombró jefe del ejército al General Juan Velasco Alvarado, corría el mes de enero de 1968. En octubre de 1968, el General Juan Velasco Alvarado mediante un golpe militar destruye a Belaunde Therry y toma las riendas del país, con el apoyo de una parte importante del ejército y comienza a atraerse a la dirección de la central obrera de Perú, y un sector importante de la burguesía nacional no ligada al imperialismo. Velasco Alvarado estaba muy influido por los militares argelinos y por la revolución cubana, y se lanza a una reforma agraria que reparte la tierra entre los trabajadores sin tierra, y entrega la propiedad de las tierras a los campesinos y labradores que trabajaban los predios en forma de aparceros, es decir que eran propietarios de pequeñas parcelas, pero trabajaban tierras ajenas para sus propietarios a medias por la cual reciben el nombre de medieros.

Inmediatamente Velasco Alvarado forma un equipo de trabajo dentro del cual tiene un papel descollante el General Rafael Rodríguez, quien es el encargado de la reforma agraria, consiguiendo grandes éxitos entre los cuales uno no menor  es el doblar la producción agrícola, introduciendo maquinaria moderna comprada a la Unión Soviética.

Y otro de los frentes donde el General Velasco Alvarado se destaca es la nacionalización de la industria petrolera, expropiando a las empresas norteamericanas e inglesas Standard Oil y Royal Dutch, que eran un impedimento para el desarrollo de una industria petrolera propia: Estas empresas acompasaban la producción según las necesidades de sus casas matrices, y no según las necesidades del propio país. Es así como se crea la empresa estatal Petro Perú, y se nombra una comisión para la redacción de una ley de petróleo, que consagra en forma definitiva la nacionalización del subsuelo, y su entrega al estado peruano.

Tuve la inmensa alegría y fortuna  de formar parte de esa comisión redactora, y ello fué un premio a mi participación en el Movimiento de defensa del Petróleo Argentino, que lideraba el dirigente sindical petrolero Domingo Cavalli, y que terminaría asesinado unos años más tarde por la siniestra Triple A, que dirigía el criminal ministro peronista José López Rega.

El gobierno de Velasco Alvarado significó un cambio radical en la sociedad peruana, pero tenía un fallo grave. Dejaba en manos de la burguesía peruana el manejo de aspectos importantes importantes del quehacer nacional tal como el orden público, las relaciones exteriores, el comercio exterior, las comunicaciones y los transportes.

Para colmo de males, el General Velasco Alvarado tuvo un problema vascular grave y se le tuvo que amputar una pierna, con lo cual sus movimientos eran muy dificultosos. Esta situación llevó a que entre los militares se creara un estado de opinión que facilitara su reemplazo, y ese reemplazo significó no solo el cambio del presidente de la República del Perú, sino un cambio de política. Asume la presidencia el general Morales Bermúdez, que llama a elecciones, y cómo no, Perú volvió a la "buena senda", y ganó las elecciones Javier Pérez de Cuéllar, antiguo secretario general de la ONU, y hombre de confianza de los EEUU.

El error más grave de Velasco Alvarado fue confiar en la pequeña burguesía, que siempre aspira a ser gran burguesía, y por eso mismo a traicionar a su pueblo.

Estalla la guerra por la comida en Sudáfrica

“Señor Presidente, estamos en una crisis alimentaria. Aquí estamos en guerra”, advirtió Joanie Fredericks. En la confinada Sudáfrica, los enfrentamientos con la policía y los saqueos están estallando en los barrios pobres donde los estómagos piden comida a gritos.

“La gente ha vandalizado los negocios. Atacaron a la gente. La única razón es que tienen hambre”, dijo un militante en un vídeo de una pelea a puñetazos publicado en las redes sociales.

Esta semana, los residentes de su suburbio de Mitchells Plain, cerca de Ciudad del Cabo en el suroeste, frustrados por no recibir alimentos del gobierno, quemaron neumáticos y lanzaron piedras a la policía, que respondió con balas de goma y gases lacrimógenos.

A unos pocos kilómetros de distancia, guardias de seguridad privada indefensos sólo podían ver a docenas de jóvenes robando en un supermercado.

En Sudáfrica, la principal potencia industrial del continente, el 20 por ciento de los hogares normalmente tienen un acceso insuficiente a los alimentos, según la Oficina Nacional de Estadística.

La situación se ha deteriorado considerablemente con el confinamiento contra el coronavirus que ha estado en vigor durante tres semanas, prorrogado por el Presidente Cyril Ramaphosa hasta finales de abril.

Muchos habitantes de pueblos y barrios pobres perdieron sus trabajos e ingresos de la noche a la mañana.

Las autoridades han establecido una distribución de alimentos para los más vulnerables, pero muchos sudafricanos tardan en recibir estos paquetes vitales, como en la región de Ciudad del Cabo.

“Cuando ves las noticias, puedes ver que las cosas se están distribuyendo en diferentes áreas de nuestra provincia, pero no en Tafelsig”, dice el presidente de una asociación local, Liezl Manual, en Mitchells Plain.

En este contexto explosivo, los expertos advierten del riesgo de un brote de violencia.

“Como algunas personas no reciben paquetes de alimentos y se enteran de otros que sí lo hacen, empiezan a reaccionar”, dice Julian May, director del Centro de Excelencia para la Seguridad Alimentaria de la Universidad del Cabo Occidental en Sudáfrica.

“A menos que haya una rápida distribución de alimentos a la gente de los barrios pobres”, advierte, “no es probable que la situación mejore”.

No es de extrañar que el confinamiento haya puesto de relieve una vez más los altísimos niveles de desigualdad de la sociedad sudafricana. “Algunos de nosotros nos quedamos en casa y engordamos mientras que otros no tienen nada”, dice.

“Si la gente no puede conseguir alimentos, hay una alta probabilidad de que se produzcan conflictos violentos, incluidos saqueos a gran escala”, advierte el Instituto de Tierras de Sudáfrica Plaas, que está preocupado por la represión de las fuerzas de seguridad.

“Si la policía y el ejército deciden utilizar la fuerza para imponer la contención (...) como ha sido el caso en los últimos días, la legitimidad de la contención podría ponerse en duda, con consecuencias desastrosas para la salud”, añade Plaas.

Esta semana, la Ministra de Desarrollo Social Lindiwe Zulu prometió mejorar la distribución de alimentos.

Sólo en la primera semana de abril, se entregaron un total de 48.441 paquetes de comida.

Pero para Julián May, el gobierno debería preferir distribuir dinero en efectivo en lugar de alimentos, usando el bien establecido sistema de subsidios.

El gobierno es “eficiente cuando se trata de dar dinero en efectivo, no es eficiente cuando se trata de distribuir alimentos”, dijo.

“Nos dijeron que recibiríamos paquetes. ¿Dónde están los paquetes?” pregunta una madre en Mitchells Plain, Nazlie Bobbs.

Joanie Fredericks comparte su ira. “No tenemos que elegir entre morir en el Covid-19 o morir de hambre”.

Sudáfrica es el país del África subsahariana más afectado por la pandemia de nuevos coronavirus, con casi 2.800 casos de infección y 50 muertos.

https://www.lepoint.fr/monde/en-afrique-du-sud-confinee-c-est-la-guerre-pour-se-nourrir-dans-les-banlieues-pauvres-18-04-2020-2371928_24.php

China aprovecha la crisis para comprar empresas estratégicas a los capitales occidentales

Puerto de Valencia
Los monopolistas occidentales están consternados: aprovechando las gangas bursátiles China ha sacado la aspiradora para comprar empresas estratégicas europeas cuyas acciones han caído por los suelos.

A través de su Secretario General, Jens Stoltenberg, la OTAN ha dado la voz de alarma, diciendo que los países de la Unión Europea pueden despertar a un mundo en el que su infraestructura más importante ya no es suya.

China también ha comprado empresas textiles italianas y, como es sabido, ya está en poder de los puertos griegos.

Estados Unidos también se está viendo afectado. En medio de la crisis China ha sacado la billetera y ha tirado de sus gigantescos fondos para comprar activos. Por ejemplo, ha comprado el 90 por ciento del único operador de terminales belga Cosco, que tiene una participación mayoritaria en las instalaciones portuarias de los puertos de Valencia y Bilbao.

Esta inversión ha permitido al gobierno de Pekín obtener participaciones en los activos de los puertos de Amberes, Rotterdam y Las Palmas.

Ya nadie habla del famoso “neoliberalismo”. Corren otros tiempos. El antiguo jefe del MI6, John Soers, ha señalado que la tecnología y la producción occidental se está poniendo en manos de China, por lo que el Reino Unido debería pensar en proteger su patrimonio.

Además, China ha recomprado las acciones de sus propias empresas, incluyendo las estratégicas, que estaban en poder de capitales occidentales. Aún no está claro si se trataba de una operación planificada por el gobierno, o si la decisión vino después de una operación exitosa para recuperar el control total de sus instalaciones de producción e infraestructura estratégica.

Sin embargo, el hecho no cambia: si la pandemia era un intento de golpear a China, la potencia asiática sale con una neta ventaja.

La agencia rusa Novosti se pregunta (*) si China comprará empresas estadounidenses, como Chesapeake Energy CHK, que producen petróleo de esquisto y que han acabado en la bancarrota tras el hundimiento de los precios del petróleo. Sería uno de los instrumentos para dar el último golpe a la influencia de Estados Unidos en el mercado mundial y, de paso, al dólar.

(*) http://новости-мира.ru-an.info

‘O los tests son muy malos o la circulación del virus es inexistente’, dicen los médicos gallegos

Los centros de salud comenzaron el pasado jueves a realizar los test rápidos del estudio epidemiológico con el que el Sergas quiere evaluar la prevalencia del coronavirus en la población gallega, casi 51.000 pruebas en esta primera fase y otros 51.000 en la segunda oleada. Pero tras tres días de muestras -el jueves apenas se hicieron- los médicos de familia están sorprendidos, apenas hay casos positivos. «O los test son muy malos o la circulación del virus en Galicia es inexistente», dice Jesús Sueiro, médico del ambulatorio Concepción Arenal, el más grande de Santiago.

Los datos de este centro son más que llamativos. Se trata de un ambulatorio de la capital de Galicia, una zona urbana en la que ha circulado el virus, y no ha tenido ni un solo positivo entre las 215 pruebas realizadas desde el viernes hasta primera hora de esta tarde. «Estamos sorprendidos, razonablemente no es lo esperado, es raro», insiste Sueiro. Susana Aldecoa, facultativa en un centro de salud del casco urbano de Vigo, Beiramar, tiene la misma impresión, «aquí hemos concentrado las muestras de tres centros de salud, hacemos unas cuarenta diarias, y ni una ha sido positiva». En el de Porto do Son tampoco han encontrado positivos, aunque en este caso ven una explicación lógica «apenas hemos tenido a pacientes con covid-19, así que era lo esperado», dice Sergio Cinza, médico en este centro de salud. Sanidad elimina de sus informes los positivos por test de anticuerpos, que suman 19.000 contagios más.

Uno de los argumentos que explicaría estos resultados es que, al contrario de lo que ha llegado a pensarse, el virus apenas ha circulado entre la población gallega. Y esto supondrá más restricciones en la desescalada, porque cuanto mayor sea la tasa de población inmunizada, más fácil será la vuelta a la normalidad.

La otra sospecha que tienen los facultativos es que estos test rápidos no sean de buena calidad. Se trata de las pruebas que envió el Ministerio de Sanidad a las comunidades a principios de abril y que la Xunta desechó como herramienta diagnóstica porque no permiten diferenciar si el usuario está en plena fase de infección o ya se ha curado. Lo único que detectan es que el paciente ha estado en contacto con el virus porque tiene anticuerpos. Cuando se cuestionó la eficacia de este test, de la marca Wondfo, el Gobierno central aseguró que su fiabilidad fue estudiada en el Centro Nacional de Microbiología con muestras de pacientes de varios hospitales. En aquel momento destacaron además su sensibilidad, de un 80 % a partir de los siete días de infección y superior al 64% en todos los casos.

El Sergas envió un correo electrónico a todos los centros de salud con los resultados de las muestras hechas la semana pasada -fundamentalmente el viernes, ya que el jueves apenas se hicieron-. Estaba citadas 5.043 personas y solo se obtuvieron 37 positivos: quince en Vigo; cinco en Santiago; cinco en Ourense; cuatro en Lugo; cuatro en Pontevedra; dos en A Coruña y dos en Ferrol. Llama la atención la baja incidencia, ya que supone un porcentaje de prevalencia del 0,73 % —se esperaba al menos un 5 —, y sobre todo en áreas como la de A Coruña, la que tiene más contagios y en donde apareció el coronavirus en Galicia. La Consellería solo ha facilitado datos de los test realizados hasta el lunes por la noche, más de nueve mil, pero no de los positivos. Marisa López: «Mi hija Loreto se hizo cargo de una casa donde éramos cuatro positivos».

Las dudas sobre el test no son exclusivas de los profesionales gallegos. En Cataluña decidieron no utilizarlos cuando el Ministerio los envió a principios de abril por poco fiables, y en Navarra, en donde también se usan para estudios de población, están sorprendidos por los escasos positivos. Lo achacan a que en lugar de hacer una extracción de sangre venosa, como indica el fabricante del test, se realiza una punción en el dedo, una extracción capilar, lo que podría dar lugar a falsos negativos. En Galicia, los médicos de familia consultados no creen que esta respuesta explique la baja incidencia, «podría haber pequeñas oscilaciones pero no puede ser la causa de un porcentaje tan bajo de negativos», explica Jesús Sueiro. «El resultado debería ser similar», apunta Cinza. Desde el Sergas recuerdan que la punción capilar está incluida también en la ficha técnica del test y permite obtener los mismos resultados.

Quedan por lo tanto dos opciones, o la fiabilidad del test es cuestionable o con los datos provisionales —de momento todavía con una muestra pequeña— hay que concluir que pocos gallegos están inmunizados frente al coronavirus.

El Gobierno central ha diseñado su propio estudio epidemiológico, que arrancaba este lunes aunque en Galicia no ha comenzado. En este caso serán noventa mil muestras en total, unas 4.000 en la comunidad gallega, y se hará en colaboración con el INE y los servicios de salud. Al contrario que el del Sergas, este se hará en los hospitales, y en primaria en aquellas zonas alejadas de los centros hospitalarios.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/28/test-malos-circulacion-virus-inexistente/00031588087918075969314.htm


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- Las pruebas para detectar el coronavirus fallan más que una escopeta de feria

- Para paliar los errores de los tests, Estados Unidos quiere duplicar las pruebas de detección
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Dos noches consecutivas de protestas contra la carestía dejan un manifestante muerto por el ejército en Trípoli

Dos noches seguidas de manifestaciones en Trípoli, Líbano, contra la carestía de la vida han sido disueltas a tiros por el ejército que ha causado un muerto.

Burlando el confinamiento, los manifestantes levantaron barricadas, produciéndose enfrentamientos, saqueos de comercios, así como el incendio de seis sucursales bancarias.

El ejército lanzó gases lacrimógenos y balas de goma y los manifestantes respondieron arrancando los adoquines de las aceras y lanzándolos a los soldados, a quienes incendiaron dos de sus vehículos.

Ayer el ejército disparó fuego real contra los manifestantes, matando a uno de ellos: Fawaz Fouad Al-Saman, de 26 años de edad, trabajador mecánico y padre de una niña.

Fawaz Fouad Al-Saman cayó en coma después de ser herido en el muslo por munición real, su hermana Fatma acusó al ejército de ser responsable de su muerte.

“Había bajado a reclamar sus derechos, estaba desarmado y no le tiró piedras al ejército”, dijo, llamándolo “mártir de la revolución”.

Las manifestaciones contra el hambre, que se originaron el lunes en Trípoli, se extendieron ayer a otras ciudades de Líbano, con escenas de guerrilla urbana que continuaron hasta altas horas de la noche.

Las calles de Trípoli quedaron invadidas por el humo de los gases lacrimógenos y los disparos se escucharon durante toda la noche.

Las barricadas han cortado las carreteras con neumáticos incendiados. En Beirut, los manifestantes trataron de bloquear una autovía crucial, pero la policía lo impidió.

Líbano es un país en bancarrota, la libra se ha depreciado hasta unos límites sin precedentes y la inflación es galopante. La crisis económica comenzó en octubre del año pasado, cuando también se produjeron importantes levantamientos populares.

El Primer Ministro Hassan Diab reconoció “un empeoramiento de la crisis social a una velocidad récord”, asegurando que “comprende el clamor del pueblo”.

La guerra sucia en Catalunya: la Audiencia Nacional guarda el polvo debajo del felpudo

Juan Manuel Olarieta

El llamado Caso Villarejo se inicia como una operación encubierta del servicio secreto militar contra el movimiento independentista catalán, del mismo estilo de las que se montaron en Euskadi contra la izquierda abertzale durante años. Es, pues, un caso evidente de guerra sucia.

La última demostración de ello es la decisión de la Audiencia Nacional de darle el carpetazo a las “funciones asignadas a José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014” con el argumento de que es posible que estén “legalmente clasificadas”.

Dado que es posible que sea “información secreta”, la Audiencia Nacional ni siquiera lo va a comprobar y, a su vez, la sigue manteniendo en secreto. Un secreto encima de otro.

Pero no sólo es secreta sino también sucia, otro ejemplo más de este “Estado de Desecho” en el que los jueces son una extensión del propio servicio secreto, como también es sabido desde hace muchos años, por más que la mayoría mantenga la boca bien callada.

El plan de la Audiencia Nacional es desviar la atención del caso hacia asuntos secundarios porque esa es otra de las constantes de la guerra sucia: una vez que el Estado fascista otorga patente de corso a sus matones, éstos la utilizan en provecho propio y se pasan de rosca. Ocurrió con los GAL y ha vuelto a ocurrir ahora.

Hay que recordar que Villarejo fue condecorado en 2014 porque entonces era un héroe, mientras que ahora deambula por las cárceles porque se ha convertido en un villano y el Estado esconde el papel heroico del comisario y sólo destapa su otra faceta, que es la única que quedará en los medios para el futuro. Pues bien, lo interesante de este caso es la primera parte y no la segunda.

Cuando la Audiencia Nacional se refiere a los años 2013-2014, es decir, la primera legislatura de Mariano Rajoy, deja también muy claro que el plan contra Catalunya no es consecuencia del referéndum de 2017. Incluso hay referencias documentales que se remontan a 1994, por lo que la desestabilización política la comenzó el Estado, no los independentistas.

Una de las funciones por las que el comisario fue condecorado, dice la Audiencia Nacional, es “la captación de información de interés policial”, lo cual dicho sin eufemismos significa que una parte del movimiento independentista catalán trabaja para el Estado central, es decir, que son infiltrados y entre otras razones por eso mantienen en secreto esa parte de la investigación.

Otra parte de la guerra sucia ha consistido en destapar viejos asuntos de corrupción, como el de la familia Pujol, que se inician en la transición como un intento de incorporar a una parte de la burguesía catalanista en apoyo de la reforma del viejo “Régimen de 1936”. Esa parte pasó a apoyar la transición no sólo por la concesión de la autonomía para Catalunya sino a base de sobornos y de corrupción, es decir, tanto por motivos políticos como personales y para evitar “males mayores”, lo cual significa exactamente: para evitar que en 1977 ocurriera lo que ocurrió en 2017.

De esa manera los burgueses que, como los Pujol, se vendieron al mejor postor, lograron que el “Régimen de 1936” ganara tiempo, exactamente 40 años de margen, durante los cuales el Estado se pudo centrar en aplastar otro tipo de movimientos, especialmente fuera de Catalunya, así como imponer la entrada en la OTAN y en la Unión Europea.

Durante décadas el Estado central calló y controló los sobornos en Catalunya, hasta que el juego entre ambos se acabó y entonces pasó a utilizarlo como arma arrojadiza para desacreditar a los independentistas en su conjunto, que no han sido capaces de depurar sus filas, ni de los corruptos, ni de los infiltrados, si es que es posible diferenciar a unos de otros.

El Caso Villarejo no es más que un ejemplo de la verdadera naturaleza de este Estado, que juega a dos barajas. Es evidente que a Villarejo el gobierno no le otorgó misiones de espionaje que son impropias de la policía, sino que fue el propio CNI quien dirigió la operación contra Catalunya porque las tarea de mantener a raya a los independentistas, dentro y fuera de Catalunya, es una tarea que incumbe al ejército. Lo explica claramente la propia Audiencia Nacional de la siguiente manera:

“Se han encontrado diversos documentos -fechados entre 1994 y 2003- en los que se encuentran informaciones que pudieran estar vinculadas con funciones asignadas al investigado José Manuel Villarejo Pérez en el marco de sus cometidos profesionales, en tanto que algunas de ellas se refieren al funcionamiento del CESID, del Ministerio del Interior y, fundamentalmente, de la Dirección General de la Policía; material documental que se consideran afectado por la vigente legislación sobre secretos oficiales”.

No se puede ser más claro.

Los independentistas catalanes, que siguen con los ojos bien cerrados, deberían estar muy interesados por saber quiénes son esos “colaboradores” y “agentes autonómicos”que están cobrando de los fondos reservados, es decir, que parecen una cosa y son otra.

El año pasado, por verdadera mala suerte, cayó en manos de la Audiencia Nacional todo un archivo, llamado “Taja”, que sacaron inmediatamente de la investigación porque incluye información que puede afectar a la “defensa y seguridad del Estado”.

Tanto el dinero como la información no se refieren a quienes descaradamente defienden la unidad de España en Catalunya, sino a sus tentáculos dentro del independentismo porque sólo ellos, los llamados “procesistas”, son capaces de reconducir la situación que se ha creado de la misma manera que durante la transición. Son los nuevos Pujol.

Naturalmente, una parte del Caso Villarejo concierne a los chanchullos del ya amortizado reyezuelo, donde se pone de manifiesto el mismo estilo policiaco de siempre, el que impera en España desde 1939. Exactamente el mismo.

Más información:
— El director de ‘El País’ es un soplón del CNI
— El Ministerio del Interior sigue siendo una cloaca
— El comisario Villarejo desata una guerra interna dentro de la policía
— Villarejo forma parte de un dispositivo secreto dirigido contra el independentismo catalán
— A la burguesía catalana la tratan como si fueran terroristas
— Villarejo: un comisario de policía pluriempleado y millonario

martes, 28 de abril de 2020

El sueño de los fascistas: la calle será suya si no nos rebelamos contra el Estado de Alarma

Stop Vox: un encuentro antifascista estatal para idear cómo acabar ...Diego Herchhoren
 
Creemos que por un exceso de tradicional autocensura que existe en la abogacía española, que es la que tendría que estar en primera línea de frente ante la normalización del abuso, se están haciendo numerosos artificios verbales para evitar decir lo que los profesionales de la “técnica jurídica” vienen meditando desde hace semanas, y es que la promulgación del llamado “Estado de Alarma” es la consagración de un autogolpe (jurídica y técnicamente chapucero, todo hay que decirlo) en el que se ha facultado al poder ejecutivo y en concreto al Ministerio del Interior a desarrollar una práctica política que conocen desde hace tiempo y al dedillo: se ha establecido un régimen fascista por Decreto, y la izquierda todavía no se ha dado cuenta.

Y es que bajo este título queremos expresar algo que va mucho más allá de las consideraciones legales del Real Decreto 463/2020. Si bien es cierto que la política de “normalizar la excepción” no es la primera vez que se aplica en la España constitucional (en 2009 el PSOE gobernó en Euskadi suprimiendo previamente a un 15% del electorado abertzale), sí es cierto que esta es la primera vez que se aplica de manera generalizada.

Ha sido suspendido el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho de manifestación, se está aplicando vigilancia exhaustiva a las redes sociales mediante fórmulas de investigación prospectiva -prohibidas en nuestro derecho- y que se han anunciado como el que anuncia una oferta de patatas fritas, y además, se ha promovido desde la propia Administración fórmulas de adhesión política con las estructuras del régimen encargadas de preservar el statu quo (Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas). Y por los mensajes que se transmiten, esta “normalización de la excepción” viene para quedarse.

Uno de los grandes problemas que tienen los pueblos con escasa cultura política (el pueblo español no la tiene) es la imposibilidad de percibir la trastienda de aquellas decisiones que precisamente mayor trascendencia tiene para la sociedad. Por ejemplo, la externalización de servicios públicos o la intermediación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT’s) fueron bien vistas cuando se anunciaron, porque formalmente acababan con la ineficiencia de la Administración y obligaban a la masa salarial “a ganarse el pan” porque se había transmitido a la sociedad que el empleado público era generalmente vago y aun encima no se le podía despedir. Sin embargo, bastaba hacer una lectura de cómo iba a ser el mundo del trabajo a una década vista para concluir que se trataba de una gran mentira, y el empobrecimiento generalizado de estos últimos años es la consecuencia de aquello que con tan buenos ojos una mayoría de la clase trabajadora española aceptó sin rechistar (o al menos no tanto como se debía).

El Estado de Alarma es un caso idéntico cuyas consecuencias serán advertidas, si nada lo impide, dentro de un tiempo y con mucha sangre en el río, y es que la tibia y complaciente respuesta de la izquierda española nos augura mucho dolor. Es sorprendente como en los cenáculos progres se habla del futuro “distópico” de decenas de películas de culto pero sin embargo mantienen una ceguera insoportable ante la evidencia que tiene ante sus narices.

El Ejército Español, a modo de ejemplo, intentó poner en marcha la llamada semanas atrás “Operación Zendal”, por la que las Fuerzas Armadas acompañarían equipos de vacunación durante varias semanas, y donde se harían test forzosos a miles de personas. No es una escena de los fascistas que gobiernan en la Inglaterra de la serie Years and Years; es España, abril de 2020 y ante nuestras propias narices.

El jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen afirmaba que “la interpretación es un acto de voluntad” y cuando un gobierno delega en las fuerzas de seguridad -con un largo culto al abuso de poder- la aplicación individual de una norma en blanco, se pone en juego tanto reglas jurídicas como metajurídicas (en profano: el gobierno envía un mensaje de libertad de actuación al ejecutor de la norma).

La decisión de los escalones operativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía o la Guardia Civil no es ajena tampoco a la política o a las ideologías, de la misma manera que no lo son los preceptos de una ley respecto a la ideología o ideologías que alumbran la política.

Cuando un Ministro del Interior, que tiene un triste pasado en materia de derechos humanos en la llamada “lucha antiterrorista” extrae del contenido general del Real Decreto -que en principio tenía como única finalidad luchar contra una supuesta emergencia sanitaria- que se deben perseguir “los bulos” por una cuestión de orden público, quiere decir que hay algo metajurídico en este Estado de Alarma; un mensaje que los elementos más reaccionarios de la estructura del Estado han captado perfectamente.

Porque si estuviéramos bajo la égida de un gobierno progresista, podría haber conclusiones metajurídicas de muy distinto pelaje. Podrían haberse intervenido los depósitos bancarios superiores a determinadas cantidades para hacer frente a la emergencia económica, a los efectos de garantizar la liquidez de las ayudas a quien lo está pasando peor. Se podría haber promovido un decreto de garantías alimentarias que proporcionara alimentos frescos a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Sin embargo no ha sido así, ya que por un lado se ha librado 200.000 millones de euros en avales a la banca para que no sufra pérdidas por posibles impagos de las líneas de crédito que se han comprometido a entregar, y por otro se sigue discutiendo si las rentas más bajas tienen derecho o no a 426 míseros euros al mes, ya que según “prestigiosos economistas”, esto podría hacer “quebrar el sistema”.

Este ejemplo que hemos dado puede ser de cierta dificultad técnica, pero hay algunos más burdos: el más evidente es que el único uso del espacio público puede hacerse sólo para ir a trabajar, y ya está. Ese sueño del fascismo español de aquello de “de casa al trabajo y del trabajo a casa” es ya una realidad.

Inevitablemente, cuando nos encontramos ante un cercenamiento de derechos fundamentales encubierto en una nebulosa normativa, es habitual que quien quiera analizar o predecir qué pasos se van a dar, tenga que utilizar una cierta “bola de cristal” o hacer cierta “política ficción”, como decía Manuel Vázquez Montalbán. Puede haber cierto margen de error, pero normalmente se suele acertar.

Una de las predicciones que podemos sacar es que se avecina una reducción drástica de la conflictividad laboral. ¿Quien se animaría en las actuales circunstancias a exigir mejoras en sus condiciones salariales “cuando todos deberíamos remar en la misma dirección”?.

En filosofía del derecho, esto sería la fundamentación metafísica de la realidad. ¿Cuál sería “esa misma dirección”?, volver a la normalidad. ¿Y cuál es esa normalidad?, la de un marco político y económico donde las diferencias económicas entre el que más tiene y el que menos sigan progresando como hasta ahora. La conclusión es esta: no hay lugar para la redistribución de la riqueza bajo una situación de excepción.

Y esta es precisamente la conclusión que cualquier comunista tiene que atacar con máxima energía, puesto que la excepción ahora es la norma. Los abusos policiales se han generalizado; se han prohibido las reuniones públicas; se ha penalizado el debate sobre la veracidad de los datos sobre qué es el coronavirus; se han intervenido las comunicaciones de manera masiva...y podemos continuar.

Con todas las reservas que toda afirmación respecto al futuro debe comportar, puede decirse que la trama ideológica del Estado de Alarma coincide a la perfección con los principios políticos que las principales empresas españolas vienen sosteniendo desde hace tiempo. Se trata de una oportunidad de oro para el capital, y las consecuencias se empiezan a notar.

Si hay convicción política de los comunistas de que estamos bajo un Estado de Excepción y donde las garantías mínimas que hasta ahora existían han sido suprimidas, entonces nuestro deber es rebelarnos contra este Estado de Alarma. Si no tenemos esa convicción, deberemos esperar a contar los muertos que dejará no el coronavirus, sino el capitalismo.

Para paliar los errores de los tests, Estados Unidos quiere duplicar las pruebas de detección

Para evaluar con mayor precisión la propagación del coronavirus, Estados Unidos debe usar múltiples pruebas de anticuerpos a la vez, recomendó la Casa Blanca en un documento publicado el lunes que detalla la estrategia para extender la realización de pruebas.

Las pruebas que miden los anticuerpos contra el coronavirus en lugar del virus en sí serán cruciales para comprender la extensión del brote y, en última instancia, para reducir las restricciones a personas y empresas. No obstante, tales pruebas han estado plagadas de fallos cuando han sido lanzadas al mercado. En particular, las pruebas de anticuerpos pueden ser propensas a falsos positivos, identificando involuntariamente anticuerpos contra otros virus estrechamente relacionados.

La Casa Blanca reconoció estos problemas en su informe, sugiriendo que el uso de dos pruebas de anticuerpos al mismo tiempo puede resolver el asunto. El uso de dos pruebas permitiría que los resultados se verificaran entre sí, en teoría produciendo datos más fiables.

“Las pruebas de anticuerpos altamente específicas y sensibles permitirán una mejor comprensión de la propagación del virus e identificarían a aquellos que ya han estado infectados”, dice el informe. “Sin embargo, estas pruebas deben ser muy precisas y fiables para protegerse contra los falsos positivos, los cuales pueden llevar a las personas a creer incorrectamente que tenían el virus y que pueden ser inmunes a una nueva infección”.

Los estudios de anticuerpos realizados hasta ahora han suscitado amplias críticas y variado enormemente en sus hallazgos. Un estudio de la Universidad de Stanford del condado de Santa Clara, California, concluyó que más del doble de personas estaban infectadas con coronavirus de lo que sugerían los recuentos actuales, con una tasa de infección de alrededor de 4 por ciento. Un estudio realizado por el estado de Nueva York encontró que el 21 por ciento de los residentes de la ciudad de Nueva York habían estado expuestos al virus.

Una gran cantidad de falsos positivos podría significar no solo que el virus no está tan extendido, sino que también es más mortal.

La medición de las señales de que el cuerpo se ha encontrado con el virus en el pasado es más complicada que el diagnóstico de la presencia del virus en sí. El desarrollo de pruebas de anticuerpos requiere más conocimiento de la estructura de un virus específico. Además de las pruebas que identifican de manera potencialmente errónea los anticuerpos contra otros coronavirus, diferentes pruebas verifican diferentes anticuerpos, que pueden variar de persona a persona.

Al comparar dos pruebas entre sí, sugirió la Casa Blanca, incluso si las mismas personas dieron positivo para el virus en una prueba y negativo en otra, esos resultados podrían combinarse para obtener una imagen más precisa de la enfermedad.

Hasta ahora, la FAD (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha emitido autorizaciones de uso de emergencia para solo ocho pruebas de anticuerpos.

https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-eeuu-sugiere-pruebas-dobles-de-anticuerpos-para-mayor-precision.phtml


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Pandemia y capitalismo de vigilancia

Aram Aharonian

La pandemia del COVID-19 es más que un “cisne negro” (un hecho inesperado, poco frecuente). La pandemia seguramente pasará, pero la crisis quedará -la social, la económica, la política-, significando un mundo diferente que ni los más osados científicos sociales y politólogos han podido imaginar, con un estimado de más de tres mil millones de desempleados.

La necesidad de “quedarnos en nuestras casas” obligó a trabajadoras y trabajadores a seguir produciendo desde sus hogares con la modalidad del “teletrabajo”; docentes y estudiantes que continúan con parte de la currícula de manera virtual, así como también los grupos de riesgo dentro de los cuales se encuentran en gran medida nuestros jubilados y jubiladas, el sector de mayor riesgo en la pandemia.

¿Qué mundo les tocará vivir a las nuevas generaciones? En el mundo feliz (1932) del británico Aldous Huxley, las personas viven drogadas con el imaginario “soma”, y felices, manipuladas por un plan superior en el que la ciencia de punta sólo sirve a una estructura de dominación.

No tenemos soma, pero sí (tenemos Netflix y) un número infinito de aplicaciones y servicios gratis diseñados específicamente para convertirnos en felices adictos y en los auténticos recursos que surten la acumulación de riqueza en el nuevo capitalismo –el capitalismo de vigilancia- que ordena el mundo. Nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser observados sin descanso.

El ser humano se ha convertido en un terminal de corrientes de datos. Hoy sabemos que con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas, a través de los algoritmos y la inteligencia artificial. La pandemia despertó la voracidad de los vendedores de dispositivos de vigilancia y tecnología de rastreo de personas, presuponiendo que la ciencia de datos será esencial para derrotar al enemigo invisible.

Alentados por el éxito de China y Corea del Sur (entre otros países  asiáticos) en el combate al covid-19, líderes políticos de democracias liberales, de derecha e izquierda, se mostraron encantados con la capacidad de control de los dispositivos digitales y del modelo estadístico de los algoritmos que extraen padrones y realizan predicciones.

Cámaras, software, sensores, celulares, aplicaciones, detectores, son presentados ahora como las armas más sofisticadas para el combate al virus…y para la domesticación de las poblaciones.

La industria de telecomunicaciones e informática –que junto a la farmacéutica será una de las ganadoras en esta crisis- prospera gracias a un principio básico, el de extraer los datos personales y vender predicciones sobre los comportamientos de los usuarios a los anunciantes. Pero hasta ahora se lograban pronósticos que facilitaban la previsión de hechos, acontecimientos (y su manipulación, claro), no certezas.

Las empresas (y los gobiernos) comprendieron que para que aumenten los beneficios (financieros pero sobre todo de manipulación) se hacía necesario tratar de modificar las conductas humanas a gran escala.


En el nuevo capitalismo, los datos personales se acumulan para producir el bien que se pondrá a la venta en el mercado: predicciones sobre nosotros mismos. Los propietarios de los medios de producción no son otros que los que ejercen el monopolio del negocio digital: Google, Facebook, Apple y Amazon, señala Patricia Serrano en El Economista de España.

Las medidas de excepción adoptadas, la llamada flexibilización de derechos, los cortes de salarios, el irrespeto a los principios básicos de la ciudadanía, las violaciones de privacidad, con el fin declarado de enfrentar al virus y la crisis, podrán no ser de excepción para convertirse en permanentes. E incluso ampliarse. El virus no destruirá el capitalismo. Todo indica que la vigilancia (policial, cibernética) conseguirá consolidarse.

“El capitalismo industrial, con todas sus crueldades, era un capitalismo para las personas. En el de vigilancia, por el contrario, las personas somos por encima de todo fuentes de información. No es un capitalismo para nosotros, sino por encima de nosotros”, sentencia Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School en una entrevista en la BBC.

Tu smartTV te observa. Pero también tu teléfono, tu coche, tu robot de limpieza, tu asistente de Google y hasta esa pulserita que monitoriza el número de pasos que das. Una pista: todos los productos que llevan la palabra smart o incluyen la coletilla de ‘personalizado’ ejercen de fieles soldados al servicio del capitalismo de vigilancia. Así lo resume Zuboff.

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, profesor en la Universidad de las Artes de Berlín y autor de una decena de libros, profundiza en esta idea: “El ser humano es un terminal de corrientes de datos, el resultado de una operación algorítmica. Con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas”.

“En la cárcel, hay una torre de vigilancia. Los presos no pueden ver nada pero todos son vistos. En la actualidad se establece una vigilancia donde los individuos son vistos pero no tienen sensación de vigilancia, sino de libertad”, explica en su obra “La expulsión de lo distinto”, que analiza el impacto de la hipercomunicación y la hiperconexión en la sociedad.

Para Han, la sensación de libertad que brota en los individuos es engañosa: “Las personas se sienten libres y se desnudan voluntariamente. La libertad no es restringida, sino explotada”. Añade que “la gran diferencia entre internet y la sociedad disciplinaria es que en esta última, la represión se experimenta. Hoy, en cambio, sin que seamos conscientes, somos dirigidos y controlados”.

Paloma Llaneza, abogada, experta en ciberseguridad y autora de Datanomics, señala que el consentimiento en realidad no existe cuando escribimos nuestros datos personales rápidamente para bajarnos aún más rápido una aplicación gratis o recibir una newsletter semanal. “El consentimiento es una de las grandes mentiras de internet”, afirma.

El problema empieza cuando nuestros datos son usados para otras finalidades y cedidos a terceras empresas que buscan conocernos mejor y sacar un perfil de cómo somos. “Sin saberlo, el usuario puede estar dando consentimiento a ser escaneado en redes sociales y, de ahí, se saca el perfil de la persona. Solo con las fotos de Instagram ya se pueden deducir cosas del comportamiento”, explica.

El coronavirus afecta a toda la industria manufacturera de alto contenido tecnológico (incluyendo industria automotriz, aeronáutica y telecomunicaciones), básicamente porque su producción implica aglomeración de personas, no es considerada esencial y en definitiva se ajusta a las proyecciones de la demanda, nada alentadoras hoy.

En este análisis sólo se rescatan algunos sectores, primordialmente de servicios, entre los cuales tenemos Netflix y Spotify, que subirán un 30% debido a la medida de confinamiento. También las OTT (over the top) y las empresas de telecomunicaciones que brindan servicios de streaming. O sea, usan internet para llegar a los usuarios con vídeo (Netflix), audio (Spotify) o mensajería (Whatsapp, de Facebook) y/o aplicaciones de teleconferencia (como Skype o Zoom).

Con el aislamiento social, las plataformas que recolectan datos personales y los venden en el mercado avanzan para convertirse no solo en grandes intermediarios del entretenimiento sino también de la educación, lo que no puede aceptarse como algo natural y mucho menos como solución excepcional, señala Sérgio Amadeu da Silveira, profesor de la Universidad Federal de ABC, Brasil.

http://estrategia.la/2020/04/25/pandemia-y-capitalismo-de-vigilancia/

Siete presos asesinados en las cárceles argentinas desde el inicio de la cuarentena

Nacho Saffarano

Desde el inicio del confinamiento, son al menos siete los asesinados en diferentes cárceles del país. Dos de ellos, Federico Rey y José Mario Candia, fueron fusilados a quemarropa por personal del Servicio Penitenciario. El reclamo desatado por los detenidos en Devoto, puso en la agenda pública, de la peor manera posible, la situación en la que viven estas personas.

Voy a pararme desde la defensa de un paradigma que no comparto, y que es el hegemónico dentro del activismo de derechos humanos. De mi parte, estoy convencido que hay que abolir a las cárceles; que es una contradicción histórica encerrar a personas para que aprendan a vivir en libertad; que las prisiones son inherentes al capitalismo, razón por la cual, cualquier proyecto pos-capitalista debe tener en su horizonte programático, la eliminación de las mismas. Y un montón de otros postulados que no vienen al caso en este momento, aunque es tarea nuestra, al menos comenzar a mechar estos debates entre la militancia y la intelectualidad crítica.

El paradigma hegemónico, entonces, no se cuestiona la cárcel-institución sino las condiciones de las mismas; y en el mejor de los casos, se problematiza el origen de clase mayoritariode los detenidos. Es una defensa, casi a ciegas,de una de las grandes conquistas liberales de nuestra historia, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que constituye un pliego de garantías procesales y el mantra “las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. Por eso en este contexto tan regresivo, aunque en términos estratégicos no compartamos esta perspectiva, los abolicionistas penales militamos para que se cumpla este derecho constitucional.

Las cárceles en Argentina, son sinónimo de tortura. Sobrepoblación que genera hacinamiento; falta de vacantes para el desarrollo de actividades educativas y laborales; pésima atención médica; traslados compulsivos que provocan distanciamiento familiar; y un sinfín de vejaciones más. Todo este combo generado alrededor de la sobrepoblación y la imposibilidad de cumplir con las recomendaciones de distancia social, es el caldo de cultivo para que el covid-19 se propague a velocidades espeluznantes, con una gran capacidad para saturar todo el sistema sanitario (siempre y cuando se decida atender a los presos, claro). Los que militamos en las cárceles, y un puñado de organizaciones de derechos humanos, lo venimos advirtiendo desde antes que haya un solo caso positivo en Argentina.

Son las cabezas de los diferentes Poderes Judiciales (provinciales y federal), quienes tienen la máxima responsabilidad por la sobrepoblación en las cárceles, principalmente por el uso abusivo que hacen los jueces de un instituto que debería ser excepcional, la prisión preventiva; y por el rechazo sistemático de libertades condicionales, anticipadas y salidas transitorias, por lo que son ellos quienes en esta crisis humanitaria-sanitaria, deben tomar medidas concretas para disminuir la tasa de encarcelamiento. Sin embargo, con contadas excepciones, se dedican a sacar “recomendaciones”, a tirarse con latinazgos y citas teóricas entre Defensores y Fiscales, mientras que la mecha de la bomba es cada vez más corta dentro de las cárceles.

Los Poderes Ejecutivos también tienen una enorme responsabilidad por el paupérrimo estado de las prisiones. Muy resumidamente, porque son los jefes políticos del servicio penitenciario; porque son quienes manejan la infraestructura y los recursos económicos con que se mantienen día a día las cárceles; porque son quienes diseñan la política criminal y penitenciaria del país y las provincias; porque son quienes vacían las instituciones que deben acompañar a los liberados para lograr una mínima inclusión social-laboral.

Y hay otra responsabilidad, que en este momento es fundamental: son las fuerzas gobernantes quienes tienen mejores condiciones para construir consensos, para forjar ideas-fuerzas que logren calar en el tejido social. Por eso, el silencio de Fernández, de Kicillof y de toda la dirigencia oficialista de peso sobre las condiciones de las cárceles, convalida desde la omisión un discurso tan retrógrado en la sociedad. La cobertura de los medios de comunicación de la protesta en Devoto de ayer, merece ser denunciada por todas las vías posibles. Hubiese sido clave oír voces de responsables políticos, que con un mínimo de sensatez, enfrenten el sentido común reaccionario que ayer fue más visible que de costumbre. Sin dudas que buena parte de la base electoral del Frente de Todos, coincide con los votantes de las diferentes expresiones de la derecha, en que los presos deben vivir en las condiciones actuales, y si es posible, deben morir así es un gasto menos para el Estado. La base militante del FdT, sensible a esta problemática, debería empujar a sus dirigentes para que se pronuncien y actúen sobre el tema.

Casi 45 días de confinamiento, fueron suficientes para cambiar –al menos momentáneamente– todas nuestras lógicas de militancia. El campo popular ha perdido su espacio estratégico de disputa, la calle. Por eso, a quienes nos duele la cárcel, los que entendemos que la comisión de un delito implica perder la libertad ambulatoria pero no la vida; tenemos que tener la mayor creatividad y audacia en estos días. Es necesario que podamos charlar en nuestros círculos de amistad, de activismo, sobre lo que pasa en las prisiones. Tenemos que ser capaces de hacer algo más que comunicados políticamente correctos que se acumulan en la base de datos de la web; no podemos quedarnos con putear en voz alta a Mauro Szeta o al periodista de turno, sino reclamar y construir nuestros propios espacios en los medios de comunicación para que se escuchen voces disonantes. Tenemos que rodear de solidaridad a los familiares de los detenidos –ese colectivo aún más invisibilizado, integrado en su mayoría por mujeres pobres-, construir lazos de cooperación y pensar estrategias en conjunto, para que morir en el encierro no sea el único destino posible.

https://contrahegemoniaweb.com.ar/2020/04/27/a-quien-le-importa-si-se-trata-solo-de-otro-preso-muerto/

Derogación de todas las leyes represivas

Movimiento Antirrepresivo de Madrid

“Primero iremos a por los terroristas, después iremos a por los simpatizantes de los terroristas, después a por los familiares y amigos de los terroristas y, por último, a por los indiferentes”.

Estas palabras fueron pronunciadas por el criminal Jorge Videla durante la dictadura argentina y corresponden a la lógica del fascismo: “o conmigo o contra mí”. Si esta misma lógica la exportamos al Estado español actualmente, y más concretamente a su legislación represiva, encontramos aspectos muy similares. Veamos.

La legislación represiva actual no se entiende si no realizamos un análisis, no de una ley u otra, sino en su conjunto y con cierta perspectiva histórica. Para ello no es necesario que nos remontemos a finales del siglo XIX, momento en el que apareció la primera ley antiterrorista. El precedente directo más inmediato lo encontramos en la Ley Antiterrorista de noviembre de 1971, aquella que modificó la “Ley de Orden Público” franquista de 1959. Esta “nueva” ley daba plena capacidad a la policía para dictar algo parecido a un Estado de Excepción permanente, ya que podía restringir o suspender los derechos y libertades por orden policial.

En 1973 el Código Penal condenaba a penas de prisión menor “al que integrado en una banda armada [...] realizase cualquier hecho delictivo [...] utilizando armas de fuego, bombas, granadas, sustancias o aparatos explosivos o medios incendiarios de cualquier clase, cualquiera que sea el resultado producido; y a los promotores y organizadores, y quienes hubieran dirigido su ejecución”. En agosto de 1975, ante el empuje de las masas y el incremento de la lucha armada, se endureció la Ley Antiterrorista con el objetivo de poder cerrar diversos periódicos y hacer extensiva la pena de muerte. Con ello llegamos al “Proceso de Burgos” en el que resultaron condenados a muerte los cinco antifascistas (tres miembros de ETA y dos del FRAP) que serían fusilados el 27 de septiembre de 1975.

En diciembre de 1979, y tras la aprobación de la fraudulenta Constitución, se prorrogó la Ley Antiterrorista. Esta se diferenciaba muy poco a las anteriores, ya que contemplaba: los registros domiciliarios sin previa orden judicial, la duración del periodo de incomunicación en comisaria de hasta diez días, la intervención de todas las comunicaciones del preso y el cierre e incautación de determinados medios de comunicación, entre otras.

Esto significaba que mientras se legalizaban progresivamente los partidos políticos que pasaban por el aro constitucional, hoy conocido como “Régimen del 78”, a los partidos que se negaron a legitimar dicha farsa y se disponían a combatirlo se les aplicaría la versión más brutal de la Ley Antiterrorista.

Corrían los años de plomo y del terrorismo de Estado, aquellos en los que el régimen actuaba de forma semiencubierta, asesinando bajo el paraguas de organizaciones como el Batallón Vasco Español y posteriormente los GAL, y de forma legal, aplicando la ley antiterrorista vigente. A pesar de que socialistas, comunistas y los partidos nacionalistas catalanes y vascos pidieron su derogación, estas medidas no serían “modificadas” por el Tribunal Constitucional (TC) hasta 1987. El PSOE, al llegar al gobierno, pasó de pedir la derogación de la Ley Antiterrorista, a ser el abanderado y el más firme defensor de dicha ley, aplicándola sin ningún tipo de escrúpulo contra militantes revolucionarios.

En 1996 llega al poder el PP, y con ello, el momento de darle una nueva vuelta de tuerca a la represión, esta vez extendiéndola a otros sectores. En junio de 2002 se aprueba la Ley de Partidos con los votos a favor de PP, PSOE, CIU, CC, el Partido Andalucista, y el voto de Gaspar Llamazares, según él por error. Esta ley reemplazaba a otra similar de 1978 que calificaba de asociación ilícita a las organizaciones políticas que no se integraron en el régimen. Hasta este momento, los condenados por este delito cumplían de tres a seis años de prisión, con la recién estrenada Ley de Partidos pasarán a cumplir de ocho a quince. Con esta ley el régimen pretende garantizar el orden constitucional y el funcionamiento democrático “impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”. Lógicamente, en esta definición queda excluida la violencia institucional y la de los partidos y organizaciones de ideología nazifascista que nunca han sido ilegalizados por sus incontables crímenes. Esta ley sirvió para que los partidos que tenían cierta presencia institucional fueran ilegalizados y sus miembros expulsados de los ayuntamientos y encarcelados.

Pero no solo eso, también permitió que se extendiera la persecución e ilegalización de otras organizaciones como las dedicadas al apoyo y la solidaridad con los presos políticos, a las que se paso a calificar como “los entornos de las organizaciones armadas”. A partir de ahora correrían la misma suerte las organizaciones que, de un modo u otro, legitimaran, apoyaran o, simplemente, no condenaran de forma explícita la violencia –revolucionaria, por supuesto- , y no colaboraran con la “justicia”.

Es útil recordar aquí que a los partidos como la antigua Convergencia, hoy JXCat, una buena parte de los llamados partidos “constitucionalistas” pidieron su ilegalización por dirigir el referéndum del 1 de octubre de 2017 y por declarar unilateralmente la independencia (DUI) de forma simbólica. Recientemente se ha presentado en el Congreso una ley para ilegalizar a ERC, JXCat, Bildu y la CUP por “atentar contra la unidad de España”. Que estén pidiendo que se les aplique la misma Ley de Partidos que con sus votos hicieron posible nos recuerda dos cosas: que “Roma no paga traidores” y que si apoyas o dejas en pie una ley represiva es probable que algún día te la puedan aplicar a ti o a tu partido.

Siguiendo la lógica del gerifalte argentino: después de los “terroristas”, de los simpatizantes de los “terroristas” y de los solidarios; llegó el momento de ir a por el resto de luchadores. Y así fue. El 1 de julio de 2015 el régimen necesitó extender aún más la represión. Tras un periodo de numerosas y masivas protestas en las calles de las principales ciudades entra en vigor la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza. Esta ley tampoco es nueva, es una reforma de la anterior, conocida también como Ley Corcuera o de Ley de “patada en la puerta”. Supone otra vuelta de tuerca más a la represión, esta vez dirigida contra numerosos sectores populares que desde diversos frentes vienen ejerciendo sus derechos y libertades; ya sea de manifestación, de expresión, de información, etc. Esta ley castiga severamente y de forma económica desde una opinión crítica en redes sociales hasta la protesta más inofensiva. El objetivo fundamental es disuadir las movilizaciones y amedrentar y amordazar a los activistas más críticos. Era el turno de ir a por los twiteros, a por los raperos, a por los artistas satíricos, a por los actores críticos y comprometidos, etc.

En definitiva, quienes muestren su indignación contra el régimen, denuncien a la monarquía, los abusos policiales o se atrevan a solidarizarse con los “terroristas” y a denunciar su situación en prisión, serán objeto de detención e incluso condenados a penas de cárcel. Era el turno de todo aquel que se mueva.

Ahora, cinco años después de su entrada en vigor, el nuevo gobierno habla de “derogar los aspectos más lesivos de la ley mordaza” y sustituirlos por “una nueva norma que garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Esto nos recuerda a la modificación de la Ley Antiterrorista del año 87; cuando el TC rebajó, de diez a siete, los días de tormentos que pasarían los detenidos en manos de la policía y de la Guardia Civil. Es decir, una vez que han logrado meter el miedo en el cuerpo a miles de luchadores y luchadoras toca retocar la legislación dejando intacto el grueso de la misma. Estas formas son muy propias del Estado español, consiste en cambiar algo para que todo siga igual.

A nosotros esto nos parece un insulto. Con esta “nueva” medida nos están diciendo: “no te aplicaremos la ley mientras no te resistas”. Pero entonces ¿Qué ha cambiado? ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a enviar a la policía, armada hasta los dientes, a desahuciar a las familias y se encuentren con un muro de activistas dispuesto a evitarlo? ¿Se retirarán sin más a sus comisarias o apalearán a los activistas que se resistan? Si sucede esto último, ¿cómo debemos actuar nosotros? ¿Aguantamos estoicamente los palos o nos defendemos? Si nos defendemos, ¿seremos condenados a prisión? ¿Van a enviarla igualmente a cargar contra los piquetes de una huelga? En fin, se nos plantean muchas dudas que la nueva “coalición progresista” no nos ha aclarado. Lo único cierto es que en los dos últimos años cerca de 70 personas han sido condenadas por los diferentes delitos de “enaltecimiento del terrorismo”, “amenazas terroristas” o por el de “humillación de las víctimas del terrorismo y de sus familiares”. Se ha condenado y enviado a prisión a raperos y a twiteros, han aplicado la ley antiterrorista a titiriteros por realizar una función satírica, el actor Willy Toledo fue detenido “por cagarse en Dios”… y no le permitieron hablar con su abogado hasta que declaró ante un juez. Es decir, a día de hoy están aplicando la Ley Antiterrorista por el simple hecho de ejercer la libertad de expresión y para reprimir la protesta social.

Esto sucede por un motivo muy sencillo. Hoy, a cualquiera de nosotros nos pueden aplicar la misma Ley Antiterrorista, más o menos atenuada, porque para este régimen todos somos potencialmente “terroristas”.

Por este motivo, todo trabajador, todo antifascista y todo verdadero demócrata debe oponerse a todas las leyes represivas y actuar en consecuencia, no solo porque mañana podríamos ser cualquiera de nosotros quienes las suframos, sino porque no deberíamos permitir que multen, apaleen o encarcelen, a ningún miembro de nuestra clase por luchar contra el terrorismo de Estado y por nuestros derechos y libertades; del mismo modo que no deberíamos haber permitido que se suspendieran los derechos fundamentales de ningún detenido quedando completamente a merced de sus torturadores.

Cuando normalizamos la represión, en cualquiera de sus formas, damos un paso atrás en nuestros derechos conquistados y permitimos que el régimen conquiste nuevas y mejores posiciones de fuerza para seguir machacándonos.

Como hemos visto, el Estado limita o elimina determinados derechos empleando su legislación represiva, en particular su Código Penal, que endurece en función del nivel de resistencia que opongamos las clases populares. Persigue el derecho a la resistencia con la Ley Antiterrorista, elimina el derecho de organización con la Ley de Partidos y penaliza duramente las libertades de expresión, reunión, manifestación, etc. con la Ley Mordaza. Como dicen tanto políticos como supuestos asesores en derecho laboral “todo derecho fundamental no es absoluto o ilimitado, y admite y precisa una regulación legal”. En este sentido el derecho a la libertad de huelga también es vulnerado sistemáticamente, sobre todo en sectores estratégicos. Resulta paradójico que para limitar el derecho de huelga de estos sectores se utilice como arma el artículo 28.2 de la propia Constitución. De esta forma, a lo largo de las últimas décadas, se ha llegado a la militarización de aeropuertos y otros medios de transporte, así como a los trabajadores del aeropuerto del Prat se les acusó del delito de sedición por ejercer su derecho a la huelga.

Pero no solo los sectores estratégicos se ven afectados por la Ley de Huelga, y más concretamente por el Código Penal, la lucha de los trabajadores de otros sectores también es represaliada, especialmente las huelgas generales pero también numerosos conflictos “ordinarios” que terminan enconándose por la intransigencia de la Patronal. ¿De qué manera se limita la libertad de huelga? Para no hacer más engorroso este apartado resumiremos diciendo que, en el artículo 315 del C.P. se vuelve a dar la paradoja que antes señalábamos. Mientras que en el primer párrafo (315.1) se defienden los derechos sindicales de los trabajadores diciendo: “Serán castigados con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses los que [...] impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”; y en el segundo párrafo (315.2) se añade: “si las anteriores conductas se llevaren acabo con la fuerza, violencia o intimidación, se impondrán penas superiores”; en el tercer párrafo (315.3) del mismo artículo se dice lo siguiente: “Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en grupo o individualmente [...] coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Igualmente paradójico resulta que para limitar el derecho de huelga de unos trabajadores se utilice “el derecho al trabajo de los trabajadores”. Este es precisamente el argumento de Tribunales y Fiscalía para justificar la Ley revientahuelgas, tratar de conciliar el legítimo derecho a la huelga de quienes hacen huelga para exigir un aumento salarial o la readmisión de trabajadores despedidos, haciendo prevalecer el derecho al trabajo de los esquiroles. Así es como enfrentan a unos trabajadores contra otros y, en definitiva, consiguen romper su unidad y debilitan los efectos de la huelga.

No olvidemos que ha sido este apartado el empleado en la represión de trabajadores que integraban piquetes de huelga y por el que algunos huelguistas han dado con sus huesos en prisión.

Por último, otra de las leyes represivas es la Ley de Extranjería. Esta persigue y reprime a un elemento concreto de la sociedad, al inmigrante pobre, al que llega en patera y no en yate, al que huye del hambre, de la guerra en su país o, simplemente, en busca de una vida mejor y es deportado sin importar lo que pueda sucederle a su regreso. Lógicamente, este es un problema muy complejo que requiere de medidas igualmente complejas. Soluciones que empiezan por el respeto de la soberanía de sus países, el cese del expolio de sus riquezas y, en definitiva, medidas por parte de los Estados desarrollados destinadas a mejorar las condiciones de trabajo y de vida para que millones de trabajadores no se vean obligados a abandonar sus hogares, sus familias, incluso a riesgo de perder la vida. Nativa o extrajera, somos la misma clase obrera.

Por todo lo expuesto, exigimos la derogación completa de toda la legislación represiva: de la Ley Antiterrorista, de la Ley de Partidos, de la Ley Mordaza, de la Ley de Huelga, de la Ley de Extranjería y una reforma profunda del Código Penal. ¿En qué sentido? En el que las únicas leyes que existan sean las que garanticen el trabajo, la vivienda, la educación y la sanidad pública, en definitiva, leyes que garanticen una vida digna para el pueblo trabajador y no leyes que nos machaquen, tanto física como económicamente, para que no luchemos por ella. Exigimos un Código Penal que, en lugar de enviarnos a la cárcel por luchar por nuestros derechos, persiga y encarcele a estafadores, explotadores, torturadores y corruptos, sean del color político que sean.

de la revista Amnistía, número 3,
del Movimiento Antirrepresivo de Madrid