sábado, 21 de julio de 2018

Lo nuevo, lo viejo y lo de siempre en la formación del gobierno irakí

Manifestación comunista en Bagdad
Los imperialistas invadieron Irak en 2003 y tras masacrar el país dejaron, entre otras cosas, un reguero de babas, como los caracoles, entre ellas una Constitución que, como la española de 1978, tiene sus propias cicatrices, que le dan un sello muy personal.

Se aprobó en 2005. Se trata de una Constitución que impone un modelo a la vez confesional y -precisamente por ello- federal, es decir, un paso atrás en la historia de Irak.

No permite mayorías absolutas para dividir y mantener la inestabilidad política, es decir, para debilitar al país. Obliga a dirigentes de minorías que no se pueden ver ni en pintura a aliarse unos con otros para elegir al Primer Ministro.

Es una de las causas del caos actual. En mayo más del 55 por ciento de los 25,5 millones de votantes boicotearon las elecciones legislativas, aunque Moqtada Al-Sadr ganó con un programa nacionalista y de lucha contra la anticorrupción.

El dirigente chiíta Al-Sadr tiene 54 diputados de 329, por lo que ha sumado sus fuerzas a Hadi Al-Amiri, dirigente de la Alianza Fatah, que logró 47 diputados, Hashd Al-Shaabi y el Partido Comunista, al que ya le han colocado dos explosivos en su sede de Bagdad en lo que va de año.

Para que la gran limpieza que esperan los irakíes sea cualquier cosa menos simbólica, sería necesario empezar juzgando al antiguo  Primer Ministro Nuri Al-Maliki por abandonar Mosul en manos del Califato islámico, y embargar sus propiedades.

En agosto de 2015 una comisión parlamentaria de investigación nombró a Maliki, junto con otras 35 personas, responsable de la caída de la ciudad, y Salim Al-Jabouri, Presidente del Parlamento, declaró que remitiría el informe al fiscal para su enjuiciamiento. Los irakíes todavía están esperando el juicio.

El acuerdo al que han llegado Al-Sadr y Al-Amiri pone en segundo plano la guerra civil entre los chiítas, al menos de momento. Pero sería un desprecio para los irakíes -de todas las religiones y etnias- creer que asistirían sin reaccionar ante la desviación de la agenda anticorrupción por la que votaron. Monstruosas y violentas manifestaciones contra la clase política estallarían por todas partes. Moqtada al-Sadr podría derrocar al gobierno. El caos sería tal que un golpe militar sería posible. No hay duda de que entonces respondería a los deseos de la mayoría del pueblo irakí.

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