martes, 10 de abril de 2018

Regresó a Brasil el papel tutelar de los militares

Ernesto López

La destitución del Dilma Rousseff se consumó el 30 de agosto de 2016. Poco apegado a derecho, polémico y contumaz, el Senado concluyó un proceso que había comenzado nueve meses antes. No existía prueba suficiente sobre la implicación de la presidenta en el delito por el que se la acusaba, que pudiera justificar su impeachment. Sin embargo ocurrió. Un anticipo de lo que terminaría resultando pudo verse en la sesión de la Cámara de Diputados que trató el asunto. Una mezcla de insustancialidad y malicia, en ambos casos políticamente orientada –aunque casi payasesca— fundamentó los votos. “Por mi esposa Paula”, argumentó uno; “por mi nieto Gabriel”, explicó otro; “por la tía que me cuidó de pequeño”, arguyó un cuarto; “por los militares del ’64” indicó un quinto, y así de seguido. El capitán retirado y también diputado Jair Bolsonaro, actual candidato a presidente, dedicó el suyo al coronel Brilhante Ustra, un destacado torturador de la última dictadura militar brasileña.

En este primer momento hubo algo así como una aquiescencia silenciosa de los uniformados que hicieron llegar por vías no públicas sus opiniones (o presiones) a diputados y senadores. Boaventura de Sousa Santos calificó como neogolpe a lo sucedido e indicó: “Hay una presencia no muy obvia, discreta pero evidente de los militares”, en declaraciones que ofreció en medio del proceso a BBC Mundo (13/05/17). Algunos analistas prefirieron hablar de golpe palaciego o legislativo y otros –entre los que me cuento— de golpe blando. Es que la ausencia de una participación activa de los uniformados que impusiera por la fuerza una alteración del orden político vigente descartaba la figura clásica del golpe militar.

La ofensiva contra Luis Ignacio Lula Da Silva, segunda fase del ya consumado golpe blando (o como se prefiera llamarlo), no se desenvolvió en el plano parlamentario sino en el judicial. Y en esta oportunidad los militares han tenido un papel más perceptible.

Con el proceso contra el ex presidente ya iniciado, pasaron a operar más abiertamente. El 17 de septiembre de 2017 el general Antonio Hamilton Mourão, entonces a cargo de la Secretaría de Economía y Finanzas del Ejército, desarrolló una conferencia realizada en Brasilia ante una asociación masónica.

Mencionó en ella tres veces la palabra intervención con referencia a los uniformados. En su parte más saliente afirmó: “O las instituciones solucionan el problema político por la acción del Poder Judicial retirando de la vida pública a esos elementos envueltos en todos los ilícitos o entonces nosotros tendremos que imponer eso [eufemismo que reemplaza a intervenir (E.L.)]. Entonces si tuviera que haber, habrá [intervención]. Pero hoy consideramos que las aproximaciones sucesivas tendrán que ser hechas”. Un tanto elíptico en aquel entonces, este aviso –transmitido mediante una exposición oral, no en forma escrita— se hace completamente claro hoy en día y revela una elaborada maquinación. Ante tamaña expresión de un subordinado, el general Eduardo Vilas Boas, comandante del Ejército, se mantuvo impasible en aquel momento. Consultado por los medios se limitó a elogiarlo en el plano profesional: “Es un buen soldado”, dijo. Mourão, por su parte, no se detuvo. En diciembre de 2017 volvió a hacer una defensa de la intervención militar como solución a la crisis política de Brasil. Entre otras cosas aclaró que el Ejército podría desarrollar un papel “moderador y pacificador”.

Lo ocurrido en estos días –la negativa del Supremo Tribunal Federal a conceder el hábeas corpus al ex presidente y la casi inmediata decisión del juez Moro de disponer su encarcelamiento— pone en evidencia que Mourão no era un antojadizo opinador castrense sino el expositor de un plan preconcebido que se había puesto en marcha. En su tramo final vinieron a corroborarlo las palabras de Vilas Boas, dadas a conocer por Twitter el día previo a la reunión (y a la decisión) del antedicho Tribunal: “Aseguro a la Nación que el Ejército Brasileño busca compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudiar la impunidad y de respetar la Constitución, la paz social y la democracia, y el ejército se mantiene atento a sus misiones institucionales”. Por la misma vía le respondieron inmediatamente tres generales en actividad: “Tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes” (general Chagas); “Comandante, estamos juntos en la misma trinchera” (general Miotto); “Estamos juntos comandante” (general Freitas). Otros lo harían un poco más tarde.

El mensaje estaba mandado. El momento crucial de la acción anunciado por Mourão había llegado: el Poder Judicial en su más alta instancia debía retirar de la vida pública a Lula. Sutil –malgré la grosería de sus tres adláteres, que hacían público lo que el jefe del Ejército camuflaba—, Vilas Boas, como al acaso, apretó el acelerador. Anunció que el ejército estaba preparado para intervenir en caso de ser necesario. La advertencia estaba a flor de agua: o las instancias judiciales limpiaban el camino para que las instituciones políticas aceptables retomaran el rumbo o el ejército intervenía. El círculo se había cerrado y la presión sobre los altos magistrados se hizo muy intensa. Finalmente fue conseguida la mayoría que se necesitaba para denegar el hábeas corpus solicitado por la defensa de Lula: seis a cinco a favor de esto último. (Queda para discernir con prolijidad y un poco más de tiempo la coherencia del comportamiento de esos once magistrados; da la impresión prima facie que uno de ellos/as cambió su voto respecto de desempeños anteriores.)

No es del todo sorprendente la actitud del ejército brasileño. El politólogo norteamericano Alfred Stepan –fallecido en septiembre del año pasado— dedicó dos de los cuatro capítulos de su acreditado libro Brasil: los militares y la política al examen de lo que llamó la “pauta moderadora”, esa facultad tutelar, arbitral e intervencionista de ser necesario que tuvieron los uniformados entre 1945 y 1964 (años de la caída de Getulio Vargas y del golpe militar respectivamente). Stepan invoca como antecedentes el “poder moderador” reservado al emperador en el siglo XIX y algunas disposiciones de la constitución de 1937 sancionada en tiempos de Vargas. Dicha pauta caducó durante la larga dictadura militar por la obvia razón de que los uniformados eran gobierno. Con el desarrollo de la democracia, la propensión moderadora (o tutelar) menguó pero no desapareció e hizo una progresiva rentrée ya en tiempos de los gobiernos del PT.

Da la impresión de que llegó para quedarse junto a otros giros efectuados por los uniformados, como aceptar la realización de ejercicios antinarcóticos combinados en la Triple Frontera amazónica con Perú, Colombia y los Estados Unidos, asumir una participación sostenida en el plano de la seguridad interior y aceptar sin objeciones una vía de desenvolvimiento neoliberal abierta, por ejemplo, a la explotación privada del petróleo off shore y de los minerales amazónicos. Son todas decisiones castrenses que se entrelazan con la re-asunción plena del papel tutelar.

Habrá que ver cómo termina de desovillarse el hilo de los acontecimientos en curso. Aun en el peor de los escenarios habrá elecciones generales en octubre próximo y en este terreno no está dicha aun la última palabra.

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