lunes, 29 de enero de 2018

La guerra judicial contra gobiernos progresistas

Darío Herchhoren

En un nuevo alarde de imaginación el imperio y sus mariachis han descubierto un método limpio y casi indoloro de acabar con los gobiernos progresistas y con los dirigentes populares que puedan cuestionar el poder hegemónico del cual han venido gozando.

El primer caso es el de Argentina, donde el triunfo de la derecha liberal marca un hito histórico, ya que es la primera vez en la historia reciente del país en que esa derecha llega al gobierno mediante elecciones democráticas.

Una vez asentado el gobierno de Mauricio Macri que en la práctica significa la vuelta a la política económica de la última dictadura cívico militar, comenzó una verdadera cacería contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y contra algunos de los miembros de su gobierno con acusaciones de corrupción y otras tales como traición a la patria. Para poder montar ese zafarrancho se han valido del Poder Judicial, y de la prensa oligárquica encabezados por los diarios La Nación y Clarín y con muy diversos canales de televisión.

El llamado Poder Judicial siempre presume de su “independencia”, y sería bueno preguntarse ¿de qué es independiente el Poder Judicial? Es costumbre reiterada en los países del llamado mundo libre, decir que el Poder Judicial es ajeno prácticamente a todo lo terrenal, que está formado por hombres y mujeres que no están influidos por ninguna ideología y que provienen de un limbo inclasificable en términos de clase social. No pertenecen a clase social alguna. Los jueces son una especie de almas flotantes, inmunes a toda tentación terrena, y por lo tanto hay que suponer que seres semejantes son incorruptibles, y que sus decisiones son siempre acertadas, y solo responden a la defensa del interés general.

Sin embargo; la realidad es muy distinta. Los jueces federales, en Argentina intervienen en todos los asuntos donde el estado federal o las provincias son parte tanto como demandantes como demandados, y estos jueces federales representan al gobierno en ambos casos. Además de todo esto, los fiscales federales, dependen del Procurador General de la Nación, equivalente en España del Fiscal General del Estado, que está designado por el Poder Ejecutivo; es decir que no tienen independencia de dicho poder que es el que los nombra. La tan cacareada “independencia judicial” es una falsedad absoluta.

Otro tanto está ocurriendo en Brasil, donde Luis Inazio “Lula” da Silva ex presidente de Brasil y ahora candidato del Partido del Trabajo (PT) lleva más veinte puntos de ventaja en las encuestas al candidato de la derecha.

En el caso de “Lula” se han inventado una supuesta corrupción por su parte, que no está acreditada de ninguna manera, y la sentencia por la cual se le condena solo habla de una prueba indiciaria; es decir de indicios, o meras sospechas. En la legislación franquista existía lo que se llamaba la “convicción moral” del juez, que bastaba para condenar aunque no hubiera prueba alguna. El juez tenía la “convicción moral” de que el acusado era un delincuente y lo condenaba por esa “convicción moral”.

En el caso de “Lula” se habla de indicios de corrupción, sin ninguna prueba material. Aquellos que trabajamos con el derecho sabemos que los indicios para fundar una condena deben reunir tres condiciones a saber: Deben ser precisos, graves y concordantes. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner (todavía no ha sido juzgada) y en el caso de “Lula” (si ha sido juzgado) se está utilizando el mismo patrón. Jueces “independientes”, seres vaporosos que no pisan el suelo, incorruptibles y con un  alto contenido moral a prueba de toda tentación. Es curioso ver cuando se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial en España; cosa que hace el Congreso de los Diputados; siempre se divide a los aspirantes en conservadores y progresistas.

Ello es así desde la aprobación de la Constitución Española de 1978. Pero si hay jueces progresistas y otros conservadores, quiere decir que tienen ideología; y que esa ideología guía sus resoluciones y sus sentencias. Lo que aquí quiero demostrar es que los jueces NUNCA son independientes de su ideología, y que están para servir a la clase a la cual pertenecen.

Si nos acercamos a España veremos que muchos de los jueces franquistas que integraron el Tribunal de Orden Público (TOP), luego formaron parte de la Audiencia Nacional (esta ya “democrática”) y ocuparon también cargos judiciales en las Audiencias Provinciales.

Estos días estamos viendo como el Tribunal Constitucional le sirve al gobierno del PP para impedir que Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat, y que el gobierno del PP (Partido Podrido) ha llegado a la grosería de solicitar al Tribunal Constitucional que “preventivamente” impida que Puigdemont sea presidente cuando todavía no se ha reunido el Parlamento Catalán. Ese Tribunal ha tenido que hacer algunas piruetas, y se ha limitado a decir que si Puigdemont quiere ser postulado a la presidencia de Cataluña deberá pedir permiso al Tribunal Supremo para ello, ya que lo considera un prófugo.

Y como colofón; cabe una última reflexión. El llamado poder judicial es el más oscuro de todos los poderes del estado, ya que está integrado por gentes que no son elegidas por voto popular, y cuyas deliberaciones son secretas y no están a la vista de nadie más que ellos mismos. ¿Esto es la democracia? Hay que concluir que el Poder Judicial es independiente de todo. No depende más que de aquellos que los han elegido. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara.

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