miércoles, 30 de agosto de 2017

España impide la investigación de las desapariciones del franquismo a pesar de las exigencias de la ONU

El 5 de agosto de 2002 las desapariciones forzadas del franquismo llegaron a la ONU. Aquel día Emilio Silva atravesaba las puertas del Palacio Wilson de Ginebra (Suiza) para entregar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las fichas de identidad de 64 personas a las que la represión franquista persiguió, asesinó y arrojó a cunetas y fosas comunes entre 1936 y 1949. Muchas de ellas siguen todavía hoy desaparecidas.

La denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica fue aceptada parcialmente por la ONU –admitió dos casos– y motivó que el organismo incluyera a España en la lista de países que tienen desaparecidos forzosos. Desde entonces, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU ha estado en comunicación con el gobierno español para pedirle explicaciones y recordarle su obligación de investigar este tipo de crímenes.

Sin embargo, la principal conclusión de las visitas e informes emitidos por los mecanismos internacionales son que España hace poco por la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. El mapa de las fosas comunes elaborado por el gobierno, que lleva desde 2011 sin actualizarse, contabilizaba 2.000 sin abrir, pero estos datos son tachados de optimistas por parte de las asociaciones de víctimas. La lista de desaparecidos por el franquismo contiene 130.000 nombres.

Durante años la ONU reclamó al gobierno la resolución de los casos que había aceptado investigar sin éxito. Uno de ellos fue exhumado sin apoyo institucional, sobre el otro hay información que asegura que podría estar en un cementerio de un pueblo valenciano. En 2008 el informe del grupo de trabajo reitera: “Se volvieron a transmitir todos los casos sin resolver y no se recibió ninguna respuesta del gobierno”.

“A pesar de que el Estado español ha ratificado numerosos acuerdos internacionales que le responsabilizan de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura de los franquistas, sus incumplimientos en esa materia son incontables y atroces, cuando se trata de dejar morir a los hijos e hijas de esos desaparecidos sin atenderlos, cuidarlos y tratarlos como si fueran un estorbo para la democracia”, sostiene la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en un comunicado.

En 2013 el grupo de trabajo visitó España y emitió un completo informe con múltiples recomendaciones que no han sido adoptadas. Entre ellas, investigar y juzgar las desapariciones, “eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno” que lo impiden o “asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura”, poniendo especial énfasis en la “urgencia y celeridad” debido a “la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos”.

“España ha ignorado y sigue ignorando sus obligaciones internacionales en esta materia”, apunta Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain. Al grupo de trabajo se sumó también el Comité de Derechos Humanos, que en julio de 2015 evaluó a nuestro país para concluir que “impide la investigación de las violaciones de derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura y desapariciones forzadas”.

La reprimenda fue especialmente contundente en relación a la falta de colaboración con la querella argentina, la única causa que investiga los crímenes de la dictadura desde 2010.

http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-entorpeciendo-investigacion-desapariciones-ONU_0_681032081.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario