sábado, 8 de octubre de 2016

Pablo Hasel: un caso de acoso judicial

Juan Manuel Olarieta

El 1 de setiembre le citaron al rapero catalán Pablo Hasel a comparecer ante la Audiencia Nacional, acusado de nuevo de varios delitos de ofensas a altos organismos del Estado, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo.

Es la segunda vez que comparece ante los jueces. En la primera ya fue condenado, por lo que se encuentra en libertad condicional y será acusado de ser reincidente. Esta vez la pena aumentará, pues, considerablemente.

En España los derechos fundamentales son papel mojado. No hay libertad de expresión de ningún tipo. Sin embargo, el caso de Pablo Hasel va mucho más allá porque no se trata sólo de la emisión de opiniones sino que está en tela de juicio una forma de creación artística, el rap, que es esencialmente reivindicativa: la canción protesta de nuestros días.

La represión del derecho a la expresión libre no es algo esporádico sino que forma parte de una campaña, llamada Operación Araña, impulsada desde la cúpula del Ministerio del Interior. Según cifras oficiales, la policía ya ha detenido a más de 60 personas por ejercer su derecho a emitir opiniones, por lo que la Audiencia Nacional está convirtiendo un derecho básico en un crimen castigado con la cárcel.

La Operación Araña, que ha alcanzado cotas alarmantes con el caso de los titiriteros, no afecta sólo a las decenas de detenidos y sentenciados sino que es una espada de Damocles permanente que ya ha cambiado profundamente el sesgo de las redes sociales, cuya espontaneidad ha caído por los suelos.

Hay miedo y el miedo es el primer enemigo de la libertad. Por lo tanto, tampoco hay libertad, aunque todo es relativo, como en la época franquista. En realidad, sólo algunos tienen libertad y normalmente son los que hablan continuamente de ella para que parezca algo muy común.

En el franquismo el Fuero de los Españoles también reconocía la libertad de expresión. Pero imponía límites de tal manera que sólo se pudieran expresar los mismos de siempre. Ahora en los juicios los fiscales de la Audiencia Nacional dicen lo mismo que los franquistas: que la libertad de expresión tiene límites y en los juicios ni se molestan de hablar de un derecho fundamental. Sólo hablan de sus límites.

En España lo que se expanden no son los derechos sino los límites. Nunca se han aprobado leyes para que haya una mayor posibilidad de emitir opiniones. Tanto las leyes como las sentencias de ese tribunal franquista que es la Audiencia Nacional lo que han logrado es crear una espada de Damocles sobre todas y cada una de las cabezas de quienes quieren protestar, denunciar y reivindicar.

Pero en el derecho a expresarse libremente hay algo mucho peor que la censura, la autocensura, que deriva del miedo, esas miles de personas obligadas a alterar y disimular sus verdaderos pensamientos por miedo a la implacable acción de la policía y la Audiencia Nacional.

Los límites a la libertad de expresión crean un puñado de privilegiados que pueden expresarse, otorgándoles un verdadero monopolio ideológico, de manera que da la impresión de que sólo hay una opinión, una uniformidad, mientras que no hay personas disidentes que tengan un criterio propio.

Los negacionistas nazis forman parte de ese grupo de privilegiados que disfrutan de libertad de expresión. La sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2007 considera que la negación del genocidio nazi no es delito. De esa manera se pone de manifiesto la naturaleza política de este Estado, al que el genocidio no le parece algo importante.

Los límites impuestos por la Audiencia Nacional a golpe de condena y de castigo han creado verdaderos tabúes, fetiches que son incuestionables, asuntos de los que sólo se puede hablar bajito, con interlocutores de confianza, como en los peores tiempos de la Inquisición. Quieren apuntalar los pilares podridos de un Estado a base de represión: el capitalismo, la monarquía, la unidad de la patria, la religión, la policía, los tribunales, la corrupción...

Pero realmente lo que está bajo la censura es la historia misma. Es realmente increíble que un país se vea obligado a reivindicar hasta su memoria histórica. Son las consecuencias de la pervivencia del fascismo, que nunca va a admitir ni que la historia se cuente, ni que la historia se conozca. Eso es lo que explica que se haya condenado a personas que han manifestado públicamente su alegría por la muerte del almirante Carrero Blanco, un hecho ocurrido hace ya casi medio siglo. Las emociones y las penas también están bajo la vigilancia de la Audiencia Nacional. Las personas sólo pueden expresar su risa o su alegría en determinadas circunstancias, y no en otras. Es posible que tampoco nos podamos alegrar nunca de la ejecución del general Prim en 1870, de Cánovas del Castillo en 1897, de Canalejas en 1912 o de Eduardo Dato en 1921.

Como explicó Alfonso Guerra recientemente, la transición es intocable. Hay determinados aspectos de la historia que son canónicos, casi sagrados. El Estado no está dispuesto a tolerar que nadie exponga una versión diferente sobre los mismos, como el terrorismo de Estado, que siempre ha quedado fuera del enaltecimiento del terrorismo. Aún no nos autorizan a decir que la transición no fue otra cosa que eso: terrorismo de Estado, cárceles, torturas y detenciones.

Fuente: El Otro País, núm.79, 16 de setiembre.

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