jueves, 9 de junio de 2016

El sindicato USOC está acusado de fraude a los trabajadores

La Unión Sindical Obrera de Catalunya (USOC), la tercera fuerza sindical en Catalunya detrás de UGT y CCOO, está sometido a una investigación judicial por diversos fraudes y delitos cometidos contra sus propios trabajadores y afiliados. El juzgado de instrucción número 2 de Barcelona averigua si el sindicato llevó a cabo tres expedientes de regulación de empleo temporales de manera fraudulenta.

Como consecuencia de la investigación sobre USOC en 2011 se abrió el Caso Astra. Dos años después el sindicato cambió a su cúpula dirigente, presidida por Antonia Gil, y una nueva gestora, encabezada por María Recuero, se encargó de la contabilidad del sindicato. Sin embargo, Recuero está entre los denunciados junto con otros 40 dirigentes más.

La causa ha estado durante un año y medio bajo de secreto de sumario, el tiempo en el que los Mossos d'Esquadra han investigado los numerosos delitos. La Fiscalía de Sabadell que abrió la investigación asegura que la cúpula del sindicato podría haber cometido los siguientes delitos: contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, un delito societario, falsedad documental, fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y contra los derechos de los trabajadores.

Los propios trabajadores y afiliados del sindicato lo denunciaron ante la Inspección Laboral, luego ante Hacienda, luego ante la Oficina Anti-Fraude de Catalunya y finalmente ante el Juzgado de Guardia. Según la denuncia, el sindicato ofreció a casi una veintena de trabajadores, en tres periodos distintos, un ERE de seis meses en los que, a cambio de que el sindicato les pagase la parte correspondiente al 100 por ciento del sueldo, trabajaban a pesar de estar oficialmente desempleados.

Además el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona investiga diversos sobresueldos que una docena de dirigentes recibían en negro, como mínimo de 400 euros. Además, también está en duda el destino final de algunas subvenciones europeas y de la Generalitat, que supuestamente debían destinarse a cursos de formación. Al menos una parte de esas ayudas se destinaron a pagar los sueldos de los funcionarios del sindicato.

Otro de los chanchullos denunciados es la cooperativa de viviendas con la que contaba el sindicato, creada para ofrecer viviendas únicamente a sus afiliados. Según la denuncia, los cooperativistas, una vez tenían los pisos, renunciaban a todo y posteriormente se vendía. “Se hacían aparcamientos o locales de más, que luego se ponían en el mercado, sin que se sepa donde revertía”, dice la denuncia.

Nunca se votó ni se eligió quién debía ejercer la presidencia de la cooperativa, que ostentó Paco Giménez, el marido de la anterior secretaria general de USOC, Antonia Gil, que ocupó el cargo durante 15 años.


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