domingo, 20 de marzo de 2016

La Sociedad de San Vicente de Paul administra un fondo inmobiliario de 600.000 euros de capital social

Juan Manuel Buergo, primero por la derecha,
en un encuentro en Guadalajara en septiembre

Diego Herchhoren

La entidad, definida como Sociedad de carácter humanitario, benéfico y social, administra Bailallier Servicios Generales SL, una empresa con un capital social de 600.000 euros, sin contar con su patrimonio inmobiliario, dedicada según el Registro Mercantil a la adquisición, tenencia, administración, arrendamiento -incluido leasing inmobiliario- y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios. El apoderado y Vicepresidente de la entidad es un empresario que dirige una de las empresas asociadas por la Fiscalía Anticorrupción a la trama Púnica. La empresa, cuya sede social se encuentra en las proximidades de la sede del Banco de España de Madrid, es sin embargo una entidad fantasma dado que en dicha ubicación (C/Virgen de los Peligros 9) nadie sabe nada de ella.

Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil(BORME), la entidad benéfica es administradora única de esta Sociedad Limitada, fundada en 2010 y dedicada al negocio inmobiliario. Asimismo, la asociación religiosa comparte mesa con un Consejo de Administración del fondo con ramificaciones en otras empresas de la construcción. Entre los compañeros de trabajo de San Vicente de Paul en este fondo se encuentra Juan Manuel Buergo Gómez, Consejero Delegado de TECNIGES S.A., una sociedad anónima dedicada también a la promoción inmobiliaria, empresa cuyo nombre aparece en varias diligencias de investigación de la trama Púnica y que tiene a sus espaldas varias sentencias en contra por negligencias constructivas. 

Buergo, que forma parte de la Secretaría Nacional de San Vicente de Paul con el cargo de Vicepresidente, compatibiliza esto con su membresía del Círculo Inmobiliario y en su momento gerente del ex Grupo Euroges, ya disuelto, y dedicado también a la construcción; además ejerce de vocal de la Fundación Ozanam, la cual es concesionaria de servicios sociales principalmente en la provincia de Zaragoza. Otro de los apoderados de este fondo inmobiliario es Roberto Sánchez Romero, también miembro del Secretariado Nacional de San Vicente de Paul, y del que tampoco nadie sabe nada en la dirección reflejada en el BORME.

Más vinculos con la construcción


Además de este singular caso, la propia Fundación Ozanam, fundada por el Consejo Provincial de San Vicente de Paul de Zaragoza, tiene engrasados vínculos con la empresa. Sin ir más lejos, el 7 de enero de 2015, la citada Fundación recibió el activo y el pasivo de una desconocida sociedad llamada "Accipit et Adest SL", donde la Fundación ejercía la presidencia y cuyo capital social ascendía a 100.000 euros. Esto no sería alarmante si no fuera porque quien acompañaba a los "paules" en su administración era la División de Servicios Generales de la "Caja Inmaculada", una SL de Ibercaja Banco que también quedó afectada por el proceso de reestructuración bancaria y que ahora es una de las principales inmobiliarias de Aragón.

Tecniges SA, la filial "limpia"


Que un empresario ejerza labores de dirección en un ente caritativo no es infrecuente ni aparentemente reprochable, pero si la Sociedad de San Vicente de Paul es compañera de trabajo de una empresa involucrada en casos de corrupción en materia urbanística, merece la pena detenerse un momento. Bailailler Servicios Generales, dedicada al sector inmobiliario y de origen desconocido, es administrada por la Sociedad de San Vicente de Paul; la primera tiene como apoderado a Juan Manuel Buergo Gómez, vicepresidente de los paules, que a su vez es consejero de Tecniges SA, también dedicada al sector inmobiliario y en su momento involucrada en la red de corrupción urbanística del Ayuntamiento de Aranjuez. Tecniges SA era filial de la empresa METROGES, la cual ha aparecido de manera recurrente en la red de empresas vinculadas a la trama Púnica, según el sumario judicial dado a conocer por Filtrala.org.

Caridad vs. negocio inmobiliario 


El caso de los bloques de Operación Alamín de Guadalajara es paradigmático. Son 96 VPO's construídas en la década del 60 cuya gestión y administración fue encomendada a la Sociedad de San Vicente de Paul. Dichas viviendas permanecerían bajo su tutela hasta tanto se abonaran los créditos públicos a 30 años otorgados por el entonces Instituto del Crédito para la Reconstrucción Nacional, momento en el que debería haberse transferido la propiedad a los adjudicatarios. Los créditos se abonaban con las cuotas que los vecinos abonaban todos los meses. 

Pero en 1992 y 1996, fechas en que se abonaron las últimas letras, a alguien se le ocurrió que se podía seguir cobrando un "arrendamiento" a los beneficiarios; los ya ancianos adjudicatarios apenas eran conscientes de sus derechos, y en los casos en que fallecieron, San Vicente de Paul obtuvo la plena propiedad de esas viviendas, sobre las que corre siempre el rumor de que han sido vendidas a un fondo de inversión ya que el alejado barrio de Operación Alamín ahora se encuentra en pleno centro de la ciudad y en una ubicación casi privilegiada. 

El barrio, visiblemente degradado y abandonado desde hace años, es sin embargo una fuente más de ingresos públicos de los paules. Según un estudio realizado en 2005 por técnicos de la Universidad de Alcalá de Henares sobre la población adolescente en la capital, los bloques de viviendas administradas por San Vicente de Paul se caracterizan por tener las problemáticas más severas de la ciudad y donde advierte de la violencia, hurtos y tráfico de drogas a pequeña escala, situación que apenas ha cambiado en el tiempo. En el año 2014 y 2015 hubo un repunte de las acciones de desahucio instadas por San Vicente de Paul en Guadalajara.

Los ingresos públicos


En Castilla-La Mancha, según el portal de Transparencia de la JCCM, tecleando "sociedad de san vicente de paul", tenemos un total de 117.799,45 euros recibidos en junio de 2015, y en marzo recibieron otros 5000 de la Diputación Provincial de Guadalajara y 9000 euros del propio Ayuntamiento. Pero si consultamos la base de datos del Sistema Nacional de Subvenciones en el ámbito estatal, la Administración General del Estado otorga aparte otros 583.848 euros con cargo a la asignación tributaria del IRPF. ¿Marcarían la X los contribuyentes si tuvieran conocimiento de que San Vicente de Paul administra un fondo buitre?. 

 No obstante hay que señalar que todos estos conceptos son parciales, ya que existen otras ayudas indirectas no reflejadas en estas tablas. Por ejemplo, si consultamos las ayudas percibidas por los paules en el sistema nacional, en el apartado de Castilla-La Mancha, no aparecen aquellas que sí están reflejadas en el portal de Transparencia de la JCCM. Y reconocemos que no hemos hecho la misma operación en el resto de comunidades autónomas. Pero nos quedamos con esta declaración de intenciones, extraída de su propia web, que dice que los objetivos de la entidad son "La formación, el crecimiento espiritual y la fraternidad de las personas que lo componen y la ayuda a las personas más necesitadas".

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