domingo, 6 de septiembre de 2015

China promulga una amnistía casi general

El 30 de agosto el presidente chino Xi Jinping aprobó un decreto de amnistía para determinadas categorías de presos políticos, entre los que hay tanto revolucionarios como contrarrevolucionarios. Se sabe que afectará fundamentalmente a los más viejos y a aquellos que padecen algún tipo de parálisis o enfermedad invalidante. Sin embargo no se sabe aún el número de ellos que serán liberados.

El decreto establece cuatro categorías de presos a liberar. En primer lugar están los veteranos de la guerra contra Japón (1937-1945) y de la guerra civil posterior (1945-1949).

Después afecta a los presos que participaron en la defensa de China tras el nacimiento de la República Popular en 1949 en el transcurso de las guerras contra Rusia, India y Vietnam.

En aquel periodo, es decir, entre la fundación de la República Popular en 1949 y los últimos días de Mao Zedong en 1976, los gobiernos de China aprobaron ocho leyes de amnistía para los criminales de guerra.

En virtud del reciente decreto gubernamental, serán liberados los presos que tengan más de 75 años de edad y los que hayan perdido una parte al menos de su movilidad física.

A la muerte de Mao, en la década de los años ochenta la contrarrevolución de Deng Xioping inició una ola de rehabilitaciones, especialmente de quienes habían sido encarcelados por la Revolución Cultural. Al mismo tiempo, encarceló a los dirigentes de la misma, cuyos máximos exponentes fueron Chen Boda, un estrecho colaborador de Lin Piao, y la llamada Banda de los Cuatro.

A muchos otros presos, con duras condenas desde los años cincuenta por crímenes contrarrevolucionarios, las medidas no les afectaron. Lo novedoso del decreto de Xi Jinping es que, por vez primera, va a poner en libertad a los presos más jóvenes, a quienes no tuvieran 18 años de edad en el momento de cometer el delito, a quienes estén condenados a penas inferiores a los tres años de cárcel por infracciones menores o a quienes les reste menos de un año para salir de la cárcel.

De manera muy significativa, el decreto no liberará a los políticos y funcionarios que hayan sido condenados por corrupción activa o pasiva, los traficantes de drogas, los culpables de crímenes violentos o “todos aquellos cuya liberación perjudique la seguridad del Estado”.

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